Miguel Blesa
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en una fotografía de 2009.

La dirección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) ha anunciado que ha remitido ante la Fiscalía un expediente interno relativo a las remuneraciones percibidas por los miembros de la Alta Dirección durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010. El coste conjunto de las operaciones presuntamente irregulares habría supuesto un quebranto para la caja de unos 14,8 millones de euros, según cálculos de la entidad pública de intervención en el sistema financiero español.

Tal como señalan en una nota de prensa publicada este mismo martes, tras tener conocimiento de estas operaciones, el FROB encargó a una consultora externa la realización de un estudio forensic que evaluara las posibles responsabilidades penales de administradores y directivos. Ahora serán los fiscales (que ya se querellaron contra los dos antiguos presidentes y el exdirector financiero de Caja Madrid por el escándalo de las tarjetas B) los que tendrán que decidir si hay indicios de delito o no.

En concreto, la dirección del FROB encargó a los analistas independientes que evaluaran la posible criminalidad de cuatro tipos de operaciones presuntamente irregulares relacionadas con el sistema de remuneración y pensiones de los miembros de Alta Dirección de la caja. "En todas ellas el informe indica que se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de percepciones excesivas y, en algunos casos, sin que exista constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno, con el consiguiente perjuicio económico para la misma", explican desde la entidad pública. Es decir, que el equipo ejecutivo habría percibido estos incrementos salariales al margen de los controles internos y el propio Consejo de Administración de Caja Madrid.

Las operaciones irregulares

  • Subidas salariales por encima de lo debido (2M€). Tal como señala el FROB, en el año 2008 los miembros de la Alta Dirección de Caja Madrid se aplicaron una subida salarial "significativamente mayor que la debida" y superior en algunos casos al 26%. Esto fue posible porque se tomó en cuenta una masa salarial total mayor que la realmente existente ya que el número de miembros de esta Alta Dirección había disminuido. Así, se repartió una cantidad prevista para un número más alto de directivos entre un grupo más pequeño. En su conjunto, estas percepciones de más habrían supuesto un quebranto para la caja de unos 2 millones de euros, según los actuales administradores de BFA-Bankia.

  • Un variable basado en una base sobrevalorada (1,8M€). Con la base de una masa salarial sobrevalorada, el FROB sostiene que los altos directivos de Caja Madrid se hicieron con un salario variable y unas indemnizaciones también mayores de las que les habría correspondido, lo que supondría un coste para la entidad ahora nacionalizada de otros 1,8 millones de euros. Además, no consta según los investigadores, documentación que fundamente los objetivos y los supuestos a partir de los cuales se cobrarían estos variables.

  • Pensiones con una gratificación extraordinaria (1,84M€). Otra de las irregularidades detectadas está relacionada con las aportaciones a planes de pensiones de los altos directivos. Al parecer, tal y como han hecho conocer a la Fiscalía, la práctica extendida consistía en sustituir el exceso de lo máximo deducible (es decir, aquello que sí tendría que tributar) por una "gratificación extraordinaria" para los miembros de la alta dirección. "Dicha gratificación, además se elevaba al bruto, para que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores", aseguran desde el FROB, que cuantifican además el impacto de esta irregularidades en 1,84 millones de euros.

  • Indemnizaciones irregulares (9,1M€). Los investigadores han remitido también al fiscal varias irregularidades relacionadas con los pagos tras la extinción de varios contratos de Alta Dirección, sobre todo entre 2009 y 2010. Al parecer, y a falta de más detalles, se podrían haber cometido un grave perjuicio a la entidad por medio de pactos de no concurrencia millonarios, bonus e indemnizaciones por encima de lo estipulado. En su conjunto, estos blindajes habrían costado más de 9,1 millones de euros.