El Tribunal Supremo "da la razón" a la Junta de Castilla y León en su reclamación del anticipo correspondiente al modelo de financiación de 2010, como ha anunciado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien ha explicado que, con esta sentencia, el Ejecutivo regional deberá recibir los correspondientes intereses de demora, cifrados en cerca de diez millones.

La consejera de Hacienda ha detallado que el Gobierno central, entonces gestionado por José Luis Rodríguez Zapatero, "denegó" a la Comunidad su derecho al anticipo de 2010 procedente del nuevo modelo de financiación.

Así, ha explicado que Castilla y León recibió 110 millones de euros de este modelo liquidado en 2012, por lo que ahora, con esta sentencia, la Junta deberá percibir los intereses de demora de esa cuantía.

"Se trata de una victoria moral, la Audiencia Nacional nos quitó la razón, estamos muy satisfechos", ha detallado, al tiempo que ha asegurado que los servicios de la Junta estudian la cuantía concreta que percibiría la Comunidad de estos intereses.

Los servicios jurídicos de la Junta trabajan en la actualidad en la solicitud de la ejecución de la sentencia, han confirmado fuentes de Hacienda.