El juez instructor del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros públicos a través del Instituto Balear de Turismo durante la última legislatura de Jaume Matas y del Pacte, ha puesto fin a la instrucción de una de sus piezas y ha abierto la vía para que se sienten en el banquillo los exaltos cargos R.A., Juan Carlos Alía y Miquel Àngel Bonet, por concertarse con varios empresarios a fin de amañar contratos públicos y que éstos fuesen adjudicados 'a dedo' a cambio de comisiones.

En concreto, el juez Pedro Barceló les imputa delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y público, tráfico de influencias, cohecho activo y cohecho pasivo. Del mismo modo, el magistrado ha acordado que continúe el proceso penal para los empresarios supuestamente beneficiados: Bartolomé Morey, Kamal Dorai y la mujer de éste, Francisca Jaume.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez señala cómo R.A. y Alía, en su condición de directores gerentes del Ibatur, y Bonet, asesor jurídico de esta empresa pública, aprovecharon su cargo para resolver expedientes de contratación "de manera ilegal y arbitraria para favorecer económicamente" a los empresarios imputados, al tiempo que "obtenían beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían".

El caso Ibatur se inició en febrero de 2009 y desde entonces se han registrado en él hasta cinco operaciones policiales. Los investigadores apuntan a que el Ibatur efectuó principalmente entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.