Las empresas suministradoras y contratistas de las viviendas protegidas promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han lamentado el "cinismo" de la Confederación y de su presidente, Javier González de Lara, sobre la resolución de este conflicto en torno a dicha promoción de viviendas, y han recordado que las empresas todavía no han cobrado las cantidades atrasadas.

Fuentes de las empresas afectadas han lamentado a Europa Press que la CEA y su presidente "sigue riéndose de nosotros" y han dejado claro que "no es verdad que estén devolviendo el dinero a los compradores, sino que los pobres compradores les tiene que 'arrancar' el dinero, tras dos años de pleitos y después de sentencias judiciales".

Lamentan que a la CEA "no les preocupe el futuro de las empresas contratistas de esta promoción Isbilya". "Aquí estamos todavía, aquí no llamado para nada, por lo que decimos, qué compromiso es ese del que dice que le ha dado una vuelta a la situación como se le da a un calcetín", se han preguntado en los empresarios.

Asimismo, estos preguntan si están en esa lista de proveedores que dicen que van a pagar con la operación bancaria de hipotecar la sede central de la CEA.

Además, tras apuntar que la CEA "por primera vez ha reconocido que la fundación pertenece a la Confederación", ha pedido que se publique la lista "para ver las preferencias liquidadoras de la CEA".

Los proveedores han insistido en que la CEA "sí o no, va a pagar a empresas proveedoras que han denunciado por estafa a la cúpula de la Confederación, cuyo procedimiento se sigue en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla".

Han recordado que el próximo 22 de enero deben tener lugar las declaraciones de José Maria Ruiz, presidente de los afectados, y Juan Manuel Martin, técnico de Dolmen y director de la obra.

Las empresas han dejado claro que "las obras no han sido reanudadas por la fundación de la CEA, sino que han sido reanudadas por la Sareb, que instó a concurso a la fundación para apartarla, ya que no quisieron llegar a ningún tipo de acuerdo".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la citada promoción de viviendas protegidas.

Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto en Sevilla.

En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".