El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho hoy que la Ley de Suelo está llamada a frenar la corrupción urbanística y a acabar con una etapa en la que el precio de la vivienda ha crecido de manera desorbitada.

Entre las medidas que incluye la ley, destaca la obligación de reservar un 30% del suelo residencial para la construcción de vivienda protegida (VPO), "para que puedan acceder a ella las familias con rentas medias o bajas".

Zapatero ha afirmado que la ley permitirá asimismo revertir una etapa de decrecimiento de la vivienda protegida, concluir con la anomalía de la gran cantidad de viviendas desocupadas, preservar el patrimonio paisajístico y medioambiental, y plantar cara a la corrupción y a la especulación.

Durante su intervención en el debate sobre la nueva norma en el pleno del Congreso, Zapatero ha asegurado que "del éxito de esta ley depende el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna a los ciudadanos".

La nueva Ley de Suelo, que sustituirá la Ley del Régimen del Suelo de 1998, será aprobada hoy definitivamente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular.

Freno al crecimiento de precios

"Con los instrumentos de esta ley tenemos que frenar una espiral de precios desorbitados de la vivienda, cuando ya empezamos a ver cómo se ralentiza su crecimiento", dijo el presidente.

En este sentido, destacó que serán los ayuntamientos los que tengan un "papel fundamental" en la aplicación de esta norma, que entrará en vigor el 1 de julio, cuando esté concluyendo el proceso de constitución de las corporaciones municipales que saldrán de las urnas el próximo 27 de mayo.

En el plano medioambiental, hizo hincapié en la especial protección de la que gozarán los espacios naturales, "poniendo fin al principio del todo urbanizable, que acaba siendo la mayor tentación para la especulación y para las irregularidades urbanísticas".

A su juicio, la especulación también será desincentivada con el nuevo régimen de valoraciones del suelo, porque "ya no se valorarán expectativas, sino la situación real del suelo".

Además, la nueva ley aportará mecanismos de transparencia y control, ya que "permitirá saber a quiénes benefician las decisiones que toman nuestros representantes en los ayuntamientos", al tiempo que promoverá la participación ciudadana en la elaboración de los planes urbanísticos municipales.