Intervienen 12 cohetes lanzacabos y 81 bengalas en un comercio de Las Palmas de Gran Canaria

Componentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en el marco de la vigilancia y control en materia de armas y explosivos, ha denunciado a un negocio del municipio de Las Palmas de Gran Canaria por comerciar cohetes lanzacabos y bengalas sin disponer de la correspondiente autorización gubernativa.
Material requisado por la Guardia Civil
Material requisado por la Guardia Civil
CEDIDA
Material requisado por la Guardia Civil

Componentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en el marco de la vigilancia y control en materia de armas y explosivos, ha denunciado a un negocio del municipio de Las Palmas de Gran Canaria por comerciar cohetes lanzacabos y bengalas sin disponer de la correspondiente autorización gubernativa.

Dentro de las labores periódicas de inspección que realiza la Guardia Civil para el correcto control de las armas y explosivos —competencia de este Cuerpo según la Ley Orgánica 2/86, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado—, los agentes procedieron a la inspección y control de un comercio encontrando, y puesto a la venta al público, 12 cohetes lanzacabos y 81 bengalas, artículos pirotécnicos de utilización en la marina, recogidos en el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Seguidamente se solicitó a los propietarios del establecimiento la autorización gubernativa preceptiva para la venta de este tipo de material, que es concedida por resolución del Subdelegado del Gobierno en la provincia, a petición de los interesados, pudiendo comprobar la Guardia Civil como los propietarios del comercio carecían de ella.

Por lo que los agentes procedieron a la denuncia administrativa del establecimiento por una infracción al artículo 23 —apartado a— de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, así como a la inmovilización del material, que ha quedado depositado en el comercio en cuestión, a disposición del director general de la Guardia Civil, competente para el inicio del correspondiente expediente administrativo sancionador.

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