La mayor parte de organizaciones y entidades que representan al sector agrario han firmado este viernes en Lleida un documento en el que piden a la Generalitat que retire el nuevo canon del agua que grava los usos ganaderos.

El documento lo firman Jarc, Asaja, la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya, Asoprovac, Fecoc, Federación Avícola de Catalunya, Porcat, Anprogapor y FACC, con excepción de Unió de Pagesos.

En el texto, el sector reclama a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad que retire la propuesta de aplicación del gravamen para las explotaciones ganaderas prevista en el capítulo I, artículos 5.2 y 13, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público.

"Las entidades mantenemos la consideración de que la aplicación del canon que ya se retiró el año pasado no es correcta", señalan las entidades.

Insisten en que, a pesar del artículo 62 del Decreto Legislativo 3/2003 dice que la naturaleza jurídica del canon del agua es la de un impuesto con finalidad ecológica, de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria, no se puede considerar un impuesto, ya que los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación.

Según el documento, en el caso del canon del agua, el tributo lo cobra la Agencia Catalana del agua (ACA) por prestar los servicios recogidos en el artículo 63.1 del Decreto Legislativo 3/2003 que se refieren a la prevención en origen de la contaminación, recuperación y mantenimiento de los caudales ecológicos.

Sostienen los firmantes que las explotaciones ganaderas mayoritariamente se abastecen de fuentes propias y, por tanto, las inversiones para disponer de agua las han realizado los propios ganaderos o se han financiado con otros recursos cuando se trata de infraestructuras de regadío; según sus datos, sólo una minoría de explotaciones ganaderas se abastecen de las redes municipales.

Las asociaciones han acordado este viernes pedir una reunión urgente con el conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, con el de Territori, Santi Vila, y con el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí, para tratar el canon tratar el problema cumpliendo así el acuerdo al que se llegó el año pasado.