El Servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía ha trasladado a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad la investigación sobre la dotación de chalecos antibala y anticuchillo en las comisarías de Vigo y Málaga, según ha informado a Europa Press la Unión Federal de Policía (UFP).

El portavoz en la ciudad olívica de este sindicato, Agustín Vigo, ha indicado que este miércoles ha tenido lugar en Madrid una reunión entre los responsables del Servicio de prevención de riesgos laborales y representantes de los sindicatos policiales, en la que este tema se ha incluido de urgencia en la orden del día a petición de UFP.

Así las cosas, Vigo ha señalado que el Servicio de prevención de riesgos laborales ha apuntado a la Inspección como el órgano competente en este caso, por lo que tendrá que ser el que decida "si es procedente abrir investigación sobre el número de chalecos", entre otras cuestiones.

Estas pesquisas, ha comentado el portavoz, se centrarían en las comisarías de Vigo y Málaga, al tratarse de las dependencias donde han fallecido policías recientemente —en la de Vigo Vanessa María Lage, que murió en noviembre al ser disparada durante un atraco, y en la de Málaga Francisco Enrique Díaz, que el pasado mes de mayo fue apuñalado cuando iba a detener a un hombre—.

Mediciones de radón en vigo

Por otro lado, el portavoz de UFP también ha comunicado a Europa Press que este miércoles el sindicato ha vuelto a poner sobre la mesa la petición de que la Inspección realice una medición de gas radón en la comisaría de Vigo-Redondela.

"Sospechamos que está construida en una zona granítica y los calabozos e inspección de guardia están en el subsuelo, por lo que tenemos miedo a que los compañeros puedan desarrollar alguna enfermedad", ha explicado Vigo, que ha señalado que este gas puede producir cáncer de esófago y pulmón. "Es un asesino silencioso", ha apostillado.

Sobre ello, ha indicado que llevan "unos dos años" esperando a que se hagan estas mediciones y sólo recibieron evasivas. "Nosotros estamos preparando una denuncia para interponer en los juzgados de lo social, y ahora dicen que sí están dispuestos a hacer —la medición—, pero mantenemos la decisión de denunciar hasta que lo veamos", ha asegurado.