El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este jueves archivar la información previa abierta en febrero a los 33 magistrados y jueces catalanes firmantes del llamado Manifiesto por el derecho a decidir.

Desde el punto de vista jurídico, "no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española", afirma Fonseca-Herrero.

"En definitiva, dan su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos, conducta que, como se acaba de adelantar, debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión", añade el promotor, quien concluye que no puede mantenerse su imputación.

Sin embargo, considera censurable desde el punto de vista de la deontología profesional la actuación de los jueces firmantes, entre los que se encuentra el magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, también expedientado por su participación en la redacción de un borrador de una eventual constitución catalana.

En este sentido, afirma que su actuación menoscaba la confianza de los ciudadanos en la judicatura, esencialmente "porque parten de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional cuando, en forma implícita, vienen a reconocer a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano".

El manifiesto, recuerda el promotor disciplinario, afirmaba que "hay que partir de un hecho que no admite discusión: Cataluña es una nación" y que "este hecho (la realidad nacional de Cataluña) radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006".