La Plataforma de Comerciantes, Industriales y Profesionales Afectados por la Extinción de la Renta Antigua en Andalucía se ha presentado este viernes en Córdoba con el fin de solicitar "una moratoria" en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que supondría el cierre de 2.000 comercios tradicionales de la provincia a partir del próximo 1 de enero de 2015, con la pérdida de unos 6.000 puestos de trabajo.

El objetivo de la iniciativa "es impedir la destrucción masiva de empleo que impondría la entrada en vigor de la normativa, tanto en los centros históricos de las ciudades, como en las zonas turísticas", según ha explicado en rueda de prensa Javier Gutiérrez Jerez, socio del despacho de abogados Martínez Echevarría y representante legal de la plataforma, para salvaguardar el futuro de cientos de pymes y autónomos.

Gutiérrez Jerez ha recordado que en el año 1994 la Ley de Arrendamientos Urbanos introdujo una moratoria de 20 años, que acaba al final del próximo mes de diciembre, y que tenía como objetivo la protección de los comercios tradicionales y su mantenimiento en el tiempo, atendiendo así a la situación económica que el país sufría en esa época.

Pero en la actualidad, "la situación económica que vivimos es bastante peor que la que llevó en 1994 a establecer la moratoria, por lo que se hace necesario que se vuelva a proceder a su aplazamiento, al estar suficientemente justificada", según ha subrayado.

El representante legal de la plataforma ha señalado que "los negocios familiares, de barrios históricos, la mayoría de las veces regentados por personas de larga trayectoria, que han resistido a la crisis económica más fuerte jamás conocida tras la Guerra Civil, son auténticos héroes empresariales, que difícilmente puedan soportar este nuevo zarpazo en forma de ley a partir del próximo mes de enero".

ENTRE 100.000 Y 200.000 LOCALES

Los principales afectados con la entrada en vigor de la nueva normativa "son los pequeños comercios tradicionales, los que mantienen el empleo en el sector comercial y no las grandes superficies, que vienen demostrando una pérdida de empleo progresiva en los últimos años".

La entrada en vigor de la nueva ley supondrá un aumento en el alquiler de estos locales, "que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo". En el caso de Córdoba capital, los alquileres podrían multiplicarse hasta por diez en tan solo unas semanas, "lo que aumentaría la asfixia económica que ya padecen este tipo de comercios en la actualidad, provocada por la crisis".

Desde el despacho de abogados Martínez Echevarría se ha destacado, además, que la aplicación de nueva normativa supondría también una grave transformación de los actuales cascos antiguos de las ciudades, ya que su aplicación no solo obligaría al cierre de comercios tradicionales que llevaban décadas instalados en estas calles, "sino que tendría un efecto negativo sobre el turismo, al verse afectada la identidad de estos espacios con la desaparición de este tipo de negocios".

Aunque no existen datos concretos, se estima por esta plataforma que el número de locales afectados en España por esta situación se sitúa en una horquilla entre los 100.000 y 200.000 locales.

Para evitar que esto pase ha nacido dicha plataforma, "formada por afectados, y que va a luchar con las armas que la unión provee y toda la fuerza, para ser un interlocutor válido que haga ver a los legisladores las gravísimas consecuencias de su actuación, y por otro lado unirnos para formar un frente jurídico, que amparándose en la legislación vigente pueda dar una solución lo más definitiva posible", según ha concluido Gutiérrez Jerez.

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