Policía Nacional y Guardia Civil contabilizaron hasta agosto de 2006 un total de 90 denuncias por agresión a menores en Zaragoza, frente a las 65 del año anterior, según datos de una respuesta del Gobierno a una diputada del PP en el Congreso.

Esta cifra incluye los casos de violencia física, psicológica y trato degradante (tipificados en el Código Penal) y convierte a Zaragoza en la décima provincia con más casos detectados, por delante de otras como Barcelona (70), Asturias (64) o Navarra (17). En Huesca y Teruel se tramitaron 10 y 12 denuncias, respectivamente.

No sólo en clases bajas

La agresión a menores no es un mal exclusivo de familias desestructuradas, aunque la falta de recursos económicos y las adicciones de los padres a alcohol o drogas siguen siendo los principales factores de riesgo, según técnicos de servicios sociales.

Sin embargo, el agitado ritmo de vida de los progenitores se convierte, según los expertos, en caldo de cultivo para la violencia cada vez más frecuente y aumenta el maltrato infantil en hogares acomodados.

Si al estrés laboral de los padres se suma el hecho de que los niños cada vez están menos acostumbrados a aceptar las normas, se pueden desencadenar episodios de agresividad. «Un padre nervioso, frustrado y con poco tiempo libre puede ser también muy violento», explica el psicopedagogo Juan Antonio Planas.

La detección precoz, fundamental

La mayoría de las agresiones a menores quedan encubiertas, sobre todo las que no dejan huellas físicas, y los expertos aseguran que la detección precoz es fundamental para evitar secuelas como sentimiento de culpabilidad, falta de confianza o dificultad para hacer frente a los problemas. Para ayudar a identificar a los menores que son víctimas de agresión la DGA ha editado tres guías dirigidas a educadores, sanitarios y técnicos de tiempo libre que se pueden consultar en www.aragon.es.

Más vigilancia

Perder la custodia: Los malos tratos a la infancia se castigan, en función de la gravedad, con servicios a la comunidad, penas de localización permanente o prisión de hasta tres años. En los casos más graves, los padres pueden perder la custodia de sus hijos.

Menores tutelados: Los servicios sociales de la DGA detectaron el año pasado 368 casos de menores desamparados, víctimas de malos tratos o de negligencia de sus padres, y se hicieron cargo de la tutela de 68 niños.

Emancipación: A partir de los 16 años, los jóvenes pueden solicitar ayudas para la emancipación. En 2006 las consiguieron 28 menores.