Los servicios jurídicos del Parlamento de Galicia han emitido un informe en el que determinan que la disposición de la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2015 referida al contrato de la autovía de A Costa da Morte no puede mantenerse como fue enviada por la Xunta y hay que cambiarla con el fin de respetar la Constitución española.

El informe, a petición del Grupo Socialista, propone una "enmienda técnica" a la disposición adicional quinta que se incorpora en la Ley de medidas fiscales y administrativas.

En síntesis, el texto que proponen los letrados, y que según las fuentes consultadas por Europa Press los populares tienen intención de incorporar, los letrados le dicen a la Xunta que debe ser la Axencia Galega de Infraestruturas la que "iniciará el expediente administrativo oportuno", bajo lo "establecido en la legislación aplicable en materia de contratación administrativa".

Esto es, sobre el proyecto remitido por el Gobierno gallego a la Cámara, el documento jurídico aclara que la ley de acompañamiento no puede variar el expediente administrativo derivado de la inejecución de las obras de A Costa da Morte, sino que debe "tramitarse por el correspondiente órgano de contratación de la Xunta, según el procedimiento establecido en la legislación básica del Estado".

Los letrados consideran que, si se mantiene la disposición, debe "modificarse la redacción y eliminarse la referencia al tipo de procedimiento administrativo", ya que éste debe realizarse por el "órgano de contratación".

Cambio de la xunta

La Xunta aprovechó la ley de acompañamiento para introducir un nuevo cambio en el contrato de la autovía de la Costa da Morte. Concretamente, el Gobierno gallego resolvía parcialmente el contrato de concesión de la obra, con la pretensión de abonar a la concesionaria "el importe de las inversiones ya realizadas", a modo de "compensación".

La resolución se produce en lo relativo a dos tramos, el desdoblamiento entre los enlaces de Baio norte-Santa Irene y de la autovía entre los enlaces de Santa Irene y Berdoias. El objetivo, según recoge esta disposición adicional quinta, es "reducir el volumen de compromisos de gasto que se derivan de este contrato".

El psoe pide que atienda a la legalidad

En este contexto, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Juan Carlos Santín, ha puesto el acento en que el informe de los servicios jurídicos "propone un texto alternativo con las finalidades exclusivas de respetar la interpretación conforme a la Constitución española".

El diputado del PSdeG ha indicado que el informe jurídico "respalda a los socialistas gallegos" en lo referente a que no es la vía para modificar una concesión y ha apuntado que la norma obliga a convocar un nuevo concurso para este tipo de modificaciones.

Así las cosas, González Santín, que reclama al Gobierno gallego que "atienda la legalidad y aplique la ley de contratos, ha lamentado que la infraestructura, licitada originalmente por el bipartito por 540 millones para construir 60 kilómetros, tras "ser paralizada y convocada de nuevo por Feijóo", será de 27 kilómetros y costará 617 millones, un 14,25 por ciento más "para beneficiar a la empresa".