La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha precisado que más de 100 entidades han sido consultadas en el trámite de audiencia del anteproyecto de ley del Ente público de Crédito Andaluz (ECA) y ha rechazado que exista "politización" en esta entidad.

Preguntada por las retribuciones de las personas que formen este ente, la consejera ha recordado que "el techo es el sueldo de la presidenta de la Junta, al formar parte del conjunto de entes instrumentales", aunque a apuntado que "los estatutos no están aún redactados y está por definir si tendrán o no retribuciones".

La consejera ha defendido en comisión parlamentaria que el ECA es un instrumento financiero "necesario" para apoyar el tejido productivo regional "facilitando la liquidez y financiación a largo plazo que no les ofrecen los mercados". En comisión parlamentaria, la consejera ha manifestado que el objetivo de la entidad es ampliar los recursos al servicio de las pymes andaluzas y hacer "más eficientes y accesibles" los actuales, evitando el riesgo de "exclusión financiera" de las empresas con actividad en Andalucía.

La consejera ha lamentado que las instituciones financieras "siguen siendo reacias a asumir riesgos y mantienen las restricciones crediticias a las empresas que, además, provocan situaciones discriminatorias en las pequeñas empresas que deben soportar costes de financiación más elevados", de ahí la necesidad de que Andalucía cuente con un instrumento de crédito público que "tenga capacidad real de intervenir en el mercado financiero, dar respuesta a las necesidades de crédito de las pymes y de financiar el cambio de modelo productivo".

Durante su intervención, ha explicado que más de 100 entidades han sido consultadas en el trámite de audiencia abierto tras el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 28 de octubre por el que se iniciaron los trámites para la elaboración del anteproyecto de ley de creación del ECA.

La consejera ha recordado que el texto recoge "fielmente" las conclusiones del dictamen del grupo de trabajo aprobado por el Pleno del Parlamento el pasado mes de marzo y que contó con un "elevado grado de consenso", así como los requisitos legales para garantizar la gestión de los riesgos financieros.

El proyecto, se ha remitido a los agentes sociales y económicos de la comunidad y las entidades financieras que operan en Andalucía, así como organismos como el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para que formulen alegaciones.

La consejera ha subrayado que todo este proceso es una "evidente muestra de transparencia" y refleja la voluntad del Gobierno andaluz de "perfeccionar todo lo posible" el proyecto de ley antes de remitirlo al Parlamento para su aprobación definitiva en el próximo año.

Respecto a la naturaleza del ente, Montero ha explicado que se constituirá como sociedad anónima, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con un capital social inicial de 18 millones de euros, ya consignados en el proyecto de Presupuesto de la comunidad para 2015.

En cuanto a su ámbito de actuación, ha recordado que será la financiación del conjunto del sector productivo andaluz y, especialmente, las pymes, las empresas de economía social, las entidades solidarias no lucrativas, los autónomos y los emprendedores. La consejera ha subrayado que colaborará en las estrategias económicas de innovación y en el cambio del modelo productivo de Andalucía, dando prioridad a los sistemas productivos locales de toda la región.

Así, ha recordado que dará soporte tanto a los sectores tradicionales básicos para la economía andaluza que cuenten con un algo grado de especialización, como la agroindustria, el turismo, el comercio o la minería, como a sectores con un elevado potencial de crecimiento y que pueden aportar mayor valor añadido en el futuro, como el industrial, y en especial en ámbitos como el aeroespacial, biotecnología, energías renovables, servicios avanzados en nuevas tecnologías, medioambientales, culturales y creativos.

TRANSPARENCIA

Montero ha hecho hincapié en que el ECA "actuará bajo el principio de la libre competencia, operando en condiciones de mercado y excluyendo la posibilidad de que realice políticas redistributivas o fiscales ni de conceder algún tipo de subsidiación de tipos de interés u otras ayudas".

El ente será el principal instrumento de la política de crédito público a la economía productiva y concentrará la gestión de los instrumentos de crédito y riesgo de la Junta, "ampliando su alcance y mejorando su accesibilidad", en especial los fondos sin personalidad jurídica.

Asimismo, facilitará el acceso a recursos mediante instrumentos financieros propios o en colaboración con otras entidades, públicas o privadas, que permitirán a las empresas adelantar el cobro de compromisos con anterioridad a la fecha de vencimiento, apoyo financiero a las exportaciones o la internacionalización y la captación de inversiones generadoras de empleo, entre otros.

La consejera también ha destacado que toda la actividad del ECA se regirá bajo los principios de "máxima transparencia y publicidad", por lo que estará dotado de un código ético "estricto" y de responsabilidad social sostenible en su gestión cotidiana.

En sus órganos de gobierno estarán representados los agentes sociales y se garantizará la independencia y profesionalización de sus órganos ejecutivos y de control. "Un gobierno corporativo es un elemento clave para obtener y generar credibilidad y confianza en el conjunto del sistema financiero", ha subrayado, añadiendo que la Comisión de Hacienda nombrará una comisión de control integrada por cinco personalidades de reconocido prestigio que elaborará un informe anual de seguimiento y control. Además, el ente público presentará al Parlamento un informe anual sobre su actividad y el grado de cumplimiento de sus objetivos.

Una vez constituida la sociedad anónima, la consejera ha avanzado que se solicitará, "previo acuerdo del Consejo de Gobierno", la autorización administrativa para la obtención de ficha bancaria. En este sentido, ha recordado que los requisitos para ejercer la actividad bancaria son "muy exigentes", si bien el anteproyecto cumple todas las exigencias para evitar que pueda ser denegada.

"falta de ejecución en fondos reembolsables",

Según el pp

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda considera "insuficientes" las explicaciones ofrecidas por la consejera y ha lamentado la "falta de ejecución" de los fondos reembolsables que serán gestionados por el ECA, de manera que "a agosto de 2014 hay 816 millones sin ejecutar", y ha agregado que "falta por ejecutar el 61 por ciento".

Miranda ha pedido a la Junta "no desprecie este instrumento que los andaluces ponen en manos del Gobierno" y ha aludido a las discrepancias entre socios de gobierno de la Junta "que parece que ya se han subsanado", y apunta que "el ECA debe pertenecer no a los partidos, sino al servicio de los andaluces".