Las dos viviendas unifamiliares propiedad de dos familias británicas sobre las que pesaba una orden de demolición en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) han quedado reducidas este martes a escombros después de que la Audiencia Provincial rechazase la paralización del derribo solicitada 'in extremis' por el abogado de los perjudicados por "razones humanitarias", ya que ninguno de ellos ha percibido la indemnización fijada en vía judicial en más de 789.000 euros ya que fueron compradores de buena fe.

La máquina retroexcavadora, que ha permanecido durante toda la mañana a la espera de actuar en un repecho cercano a la parcela, ha empezado a ejecutar el derribo a las 12,00 horas, tal y como estaba programado desde hace días por la Junta de Andalucía, que ha ejecutado de manera subsidiaria el fallo de la Sección Segunda que, en 2012, condenó, entre otros, al promotor de la construcción y llevó a la inhabilitación al entonces alcalde, Pedro Llamas.

La portavoz de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-No' (AUAN), que agrupa a la mayoría de los dueños de las 13.000 viviendas fuera de ordenación que se contabilizan en la provincia almeriense, Maura Hillen, ha calificado la jornada como "de vergüenza para el Estado español" que, según ha remarcado, "permite el derribo de la propiedad de ciudadanos que compraron de buena fe y que no han recibido aún indemnización".

Hillen, para quien se trata de "un día muy triste", ha trasladado que esta actuación ha generado "miedo y mucha incertidumbre" en los socios de AUAN inmersos como terceros perjudicados en procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio y ha criticado que en el ámbito político "se nos dé esperanzas para luego proceder así".

"No necesitamos más promesas de los gobiernos sino que necesitamos un cambio en el Código Penal para garantizar que no se demuele si el perjudicado no ha recibido la indemnización", ha remarcado.

Según ha explicado a Europa Press el asesor legal de AUAN, Gerardo Vázquez, la jornada se ha desarrollado en un contexto de tranquilidad ya que "hemos decidido no manifestarnos más y actuar para pedir realidades" y ha subrayado el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora que, con su presidente, el 'popular' Ramón Salas, ha leído un manifiesto "en el que le ha dicho a la Junta de Andalucía que este no es el camino y ha abogado por el respeto a los derechos humanos".

Vázquez, quien ha definido como "un clamor social" la repercusión que las demoliciones están teniendo en el Valle del Almanzora y en el Reino Unido, de donde proceden la mayoría de los afectados, ha reclamado que se "resuelva el problema de una vez sin medias tintas" y ha advertido del "goteo de demoliciones y desprestigio para España como lugar seguro para invertir" si no se adoptan "soluciones radicales".

"Cada ladrillo que se ha derribado hoy, es un empleo que se ha perdido porque los medios de comunicación británicos están muy pendientes de lo que aquí está pasando", ha señalado para recordar que los afectados por estas demoliciones "han perdido los ahorros de toda su vida". "Han regresado a Reino Unido pero un matrimonio vive actualmente con sus hijos, y el otro afectado, de la beneficencia", ha concluido.

Derribo parado hace un año

El derribo de estas edificaciones fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013 después de que sí se llevase a cabo la demolición de otras dos, levantadas en el mismo tiempo y por idéntico promotor en la parcela colindante, en cumplimiento de esta misma sentencia, que condenaba al constructor a indemnizar a los compradores de buena fe.

Para paralizar e incoar a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de estas otras dos edificaciones alegó que no constaba la existencia de un "documento técnico de derribo" que "garantizase la seguridad tanto de operarios como transeúntes" ni una "declaración de innecesariedad de licencia" municipal para esta actuación. La orden se revocó tres semanas después cuando la Junta llevó a la Fiscalía la actuación municipal.

Una vez la sentencia ejecutada este martes devino en firme, se fijó la responsabilidad civil en 789.000 euros pero, que desde ese momento de la ejecución del fallo, "no se ha producido ningún movimiento ni se ha consignado ninguna cantidad", según indicó a Europa Press el abogado de los afectados, Alejandro Navarro.

Al hilo de esto, indicó que la situación de sus patrocinados ante la demolición de sus propiedades es en la actualidad "delicada" ya que las circunstancias apuntan a que es "complicado que puedan cobrar" ya que, según explicó, la sentencia solo señala como responsable civil al constructor, quien fue condenado como autor de un delito contra la ordenación del territorio a 11 meses de cárcel e inhabilitación especial para profesión u oficio de promotor por otros seis meses.

Los compradores desconocían la situación de ilegalidad

Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses "que desconocían cual era la situación" de dichos inmuebles, construidos sin licencia municipal de obras sobre suelo no urbanizable.

La notificación de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunicaba que la demolición daba cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que "interesa de forma expresa" que se "proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden".

Por su parte, la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, en una reciente visita a Almería señaló que no "había otra acción que poder hacer" en referencia a estas dos demoliciones y remarcó que la Junta, quien dio inicio al procedimiento penal, tiene que hacer "cumplir la sentencia, nos guste más o menos.