Los jóvenes que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros tutelados, los inmigrantes no acompañados, los fugados del hogar y los que residen en infravivienda vertical o asentamientos representan la fotografía de los menores sin hogar en España.

Así lo ha expuesto este martes la presidenta de la Fundación Simetrías, Ángeles Díaz Vieco, una organización que impulsa proyectos para la inclusión social de los menores y que ha reclamado, en una rueda de prensa, un pacto social "urgente" para garantizar una vivienda digna a los niños y jóvenes que duermen en la calle.

Entre otras medidas para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de estos jóvenes ha exigido la paralización de los desahucios y la agilización de los trámites para que las familias desahuciadas con menores puedan acceder al fondo social de la vivienda de los bancos.

Díaz Vieco ha presentado este informe sobre los jóvenes sin hogar en España en la Conferencia CRS ("Children Rough Sleepers", niños que duermen en la calle) en la que han participado expertos de administraciones públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil.

La presidenta de la Fundación ha planteado que la renta mínima sea homogénea en las 17 comunidades autónomas españolas, con el fin de evitar que una familia en situación de necesidad perciba una renta mínima de 600 euros en el País Vasco y de 420 euros en Castilla-La Mancha.

El estudio explica que la solicitud de la renta mínima "se ha disparado" ante la necesidad de pago del alquiler o hipoteca, pero "la lentitud en la tramitación" genera retrasos de tres a nueve meses.

En la actual situación de crisis y con las perspectivas de generación de empleo, ha pedido que el colchón de una renta mínima y una vivienda sean la base de la dignidad de todas las familias con hijos menores de 18 años que no tienen una vivienda digna.

Entre los jóvenes sin techo se encuentran los que al cumplir 18 años dejan los centros de protección en los que vivían, no tienen familia de referencia, ni amigos y no pueden optar a programas autonómicos para acceder a una vivienda tutelada.

A la calle están abocados igualmente los jóvenes que se fugan de sus casas por unos días como consecuencia del aumento de los conflictos familiares. En 2013 se presentaron 13.000 denuncias por fuga de menores, de las que solo permanecen activas 460, según datos de la Policía Nacional.

La falta de techo también afecta a los jóvenes procedentes de familias de todos los niveles sociales que son denunciados por sus padres por malos tratos. El año pasado, 9.000 jóvenes fueron denunciados por sus padres ante los Juzgados.

Por otro lado, pueden terminar en la calle los menores inmigrantes no acompañados, indocumentados, que entran en España desde África para encontrar un trabajo y que han sido alojados en centros de protección, de los que se terminan fugando si no ven expectativas de conseguir un empleo.

Según los datos aportados por la Fundación Simetrías, en España, hay 41.000 jóvenes en el sistema de protección, de los cuales 14.000 se encuentran en centros de protección, 14.000 están con su familia extensa (tíos y abuelos) y el resto en familias de acogida.

Asimismo, la tramitación de 82.000 expedientes judiciales por desahucios ante los Juzgados de Primera Instancia el año pasado ha dejado sin vivienda a muchas familias con hijos, que no tienen la posibilidad de compartir la vivienda con familiares o conocidos.

Muchas familias con hijos, sin prestaciones ni subsidios, desahuciadas por el impago de hipotecas o alquiler, que no cuentan con el apoyo de familiares que puedan acogerlos de forma temporal, se ven obligadas a vivir en infraviviendas o en asentamientos.

También hay que tener en cuenta, dice el estudio, a las madres solas con hijos, sin ayudas o prestaciones, con empleos parciales, etc. Y a los menores inmigrantes no acompañados que huyen de centros y acaban viviendo en asentamientos.

El estudio hace una serie de recomendaciones, empezando por que el Gobierno apruebe un plan estatal de atención a jóvenes sin techo y la necesidad de una "cobertura integral" de las situaciones de pobreza. Recomiendan, asimismo, dotar a los servicios sociales de atención primaria "de programas específicos de inserción socio laboral estables y suficientes para dar cobertura a todos los perceptores de renta mínima resueltas favorablemente".

Se recomienda garantizar una renta básica "en todo el territorio español y en igualdad de oportunidades" y, si esto no es posible, establecer ciertas prioridades. Y que se firme un pacto para que "ningún niño, niña, joven este sin hogar". El documento habla, entre otras cosas, de un Plan Nacional Vivienda Sinhogarismo con el fin de reducir viviendas vacías y de una Ley de segunda oportunidad para familias en situación de desahucio.

Proponen también destinar una parte de las viviendas de la Sareb a políticas sociales de vivienda, ampliar el Fondo Social de Vivienda y fomentar el alquiler. La protección de los menores es otra de las medidas reflejadas.