El documento sobre el que se está trabajando en la comisión, formada por los cuatro grupos políticos con representación en el consistorio -PP, PSOE, Bloc-Compromís y EU, recoge que el concejal/a que resulte imputado será apartado de toda responsabilidad de gestión y, en el supuesto de que afecte a la persona del alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento, delegará en el vicealcalde o vicealcaldesa el ejercicio de todas las competencias que le atribuyen la legislación de régimen local, salvo aquellas que tengan la condición de indelegables, y, de no hacerlo, todos los grupos políticos municipales le instarán a ello.

Recoge que se entiende por corrupción política "el mal uso del poder público por acción y omisión para obtener una ventaja ilegítima que comporte un abuso de poder, de funciones o medios para obtener un provecho económico o de otra índole y/o que este beneficio o ganancia ilícita se extienda a personas allegadas por vínculos de mayor o menor intimidad al que obtiene esa ventaja", según detalla un comunicado del consistorio.

Asimismo considera necesaria que dicha conducta se encuentre tipificada en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, revelación de secretos, entre otros.

El presidente de la Comisión, Juan José Pérez Macián, ha explicado que en la reunión mantenida este lunes los grupos políticos del consistorio han "acercado posturas" para decidir las medidas a tomar en los casos en que cualquier miembro de la corporación municipal del ayuntamiento de Castellón sea imputado por delitos de corrupción.

Máxima celeridad

Pérez Macián ha explicado que dichos acuerdos se adoptarán desde el momento en que el miembro de la corporación municipal resulte imputado en casos de corrupción por delitos de los mencionados anteriormente y estas medidas se mantendrán hasta el archivo de diligencias o sobreseimiento del miembro de la corporación afectado, que podrá recuperar su anterior estatus en el consistorio sin perjuicio de que por resolución judicial se disponga otra cosa.

Finalmente, el presidente ha destacado que "desde el absoluto respeto a la independencia con la que la Administración de Justicia debe instruir la causa penal por corrupción, ante la imputación de un miembro de la corporación, se sometería a la consideración del pleno la aprobación de un acuerdo por el que se ruegue al juzgado o tribunal instructor la máxima celeridad en el procedimiento de instrucción, en aras a determinar a la mayor brevedad, bien la desimputación, bien la apertura de juicio oral".