La presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), ha insistido este jueves en que desde la institución provincial se está prestando a la Guardia Civil toda la colaboración que requiere, facilitando a los agentes la información y la documentación que solicitan, en el marco de la Operación Enredadera.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Ceballos ha explicado "se nos pidieron seis expedientes" de contratación, fechados entre los años "2000 y 2010", es decir, correspondientes a mandatos anteriores, bajo gobiernos del PSOE, "y se les han entregado" a los agentes de la Benemérita, que entre el martes y el miércoles de esta semana han consultado y recabado documentación en las áreas de Presidencia y Régimen Interior de la Diputación.

Para dicha labor los agentes del Instituto Armado han contado en todo momento, según ha destacado Ceballos, con "la colaboración absoluta de la institución provincial", estando ahora la citada documentación "en manos de la Justicia, para que determine lo que tenga que determinar", al respecto.

En este punto, la presidenta de la Diputación ha insistido en que "lo único" que ha hecho el gobierno de la institución provincial "es colaborar", facilitando toda la información y documentación que se le solicitaba, porque, según ha resaltado, "aquí no ha habido ningún registro, ninguna intervención, sino únicamente petición de documentación".

En el marco de la Operación Enredadera, desarrollada en 13 provincias bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en la provincia de Córdoba se produjeron este martes cinco detenciones, las de tres empresarios y dos técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de los que cuatro ya ha sido puestos en libertad con cargos.

Se da la circunstancia de que, en el marco de la investigación abierta por la juez Alaya por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos, se ha establecido que uno de los técnicos de ADIF detenidos en Córdoba podría haber cobrado comisiones por más de un millón de euros.