La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que, en el primer trimestre de 2015, llegará al Parlamento el proyecto de Ley de acceso a los beneficios públicos y medidas contra el fraude fiscal, al tiempo que se aprobará el Plan de lucha contra el fraude fiscal 2015-2020.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, sobre fraude fiscal, la presidenta ha explicado, respecto a la ley que llegará a la Cámara, que hay que velar por que las bonificaciones públicas las reciban aquellos a los que realmente les correspondan y no exista fraude social, que algunos utilizan para poner en cuestión la eficacia y utilidad del sistema público.

Respecto a la lucha contra el fraude fiscal, ha manifestado que en Andalucía, de acuerdo con ese 10 por ciento de los tributos que impacta en los ingresos de la comunidad, la recaudación neta, en el segundo trimestre de este año, ha sido de 375 millones de euros, un 12,5 por ciento más, mientras que la recaudación en España en 2013 bajó un cinco por ciento.

Ha señalado que la Junta está haciendo lo que hay que hacer, pero ha considerado que esto es la "punta del iceberg y queda muchísimo camino por recorrer".

La presidenta ha confiado en que el Gobierno central, sobre el 90 por ciento restante, "haga también lo que tiene que hacer". Ha mostrado su preocupación por que haya 144.000 millones de riqueza de los españoles fuera de nuestras fronteras, la mitad en Suiza, ya que si el impuesto por ese capital se pagaran en España, supondrían 7.400 millones anuales, que se podrían destinar a la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Para Susana Díaz, el fraude fiscal es, sin duda, un ejemplo más de esa corrupción que ha llevado a los ciudadanos a tener la percepción de que España es un país "enfermo", porque cada día nos levantamos con un caso de corrupción de toda índole.

Ha señalado que la lucha contra fraude fiscal y la economía sumergida tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno y ha indicado que no quepa duda de que así es en el caso de su Ejecutivo, porque esas prácticas suponen un menoscabo de recursos públicos que podrían destinarse al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

Ha recalcado que si se combate ese fraude, habrá más recursos para mantener los servicios públicos y ha expresado que también hay que combatirlo por una "razón de justicia social", ya que en un estado de derecho, todos debemos aportar lo que nos corresponde en función de lo ganamos.

La presidenta ha lamentado que ello no sea una prioridad para todos los gobiernos y que en España se hayan tomado medidas como una amnistía fiscal para beneficiar a unos privilegiados y que se haya reducido la plantilla para la lucha contra el fraude fiscal.

Por su parte, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro,

ha indicado que la corrupción es hoy un elemento estructural del sistema económico. "No se puede concebir nuestro modelo de desarrollo económico sin entender que éste depende de la corrupción", según Castro, para quien hay que abordar el fenómeno de la corrupción desde "sus raíces, eliminando aquellos instrumentos, normas y prácticas que favorecen esta corrupción".

En este sentido, ha manifestado que el fraude fiscal derivado de la economía sumergida supone algo más de 90.000 millones, de los que se recuperan solo unos 11.000 millones. "¿Por qué en España el fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida tienen un tratamiento tan laxo, abordable tan solo a través de amnistías fiscales?", se ha preguntado el portavoz de IU-CA.

A juicio de Castro, en España hace falta una ley de prevención y persecución del fraude, la elusión fiscal y la economía sumergida y que en cada comunidad se trabaje en la lucha contra el fraude como ha hecho Andalucía, recuperando fondos para la inversión pública.