Ayuntamiento de Roquetas rechaza una comisión de investigación y estudia acciones legales contra la Junta

El pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha rechazado con los votos del equipo de gobierno (PP) la creación de una Comisión Especial de Investigación para el análisis y conocimiento de los distintos procedimientos judiciales en los que está inmerso el Consistorio a la vez que, a través de su departamento jurídico, ha avanzado que se estudia acciones legales contra los inspectores de la Junta que emitieron dos informes en relación a la finca de 'La Fabriquilla' que estarían "equivocados", según el alcalde de la localidad, Gabriel Amat (PP).

El pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha rechazado con los votos del equipo de gobierno (PP) la creación de una Comisión Especial de Investigación para el análisis y conocimiento de los distintos procedimientos judiciales en los que está inmerso el Consistorio a la vez que, a través de su departamento jurídico, ha avanzado que se estudia acciones legales contra los inspectores de la Junta que emitieron dos informes en relación a la finca de 'La Fabriquilla' que estarían "equivocados", según el alcalde de la localidad, Gabriel Amat (PP).

Durante la sesión extraordinaria convocada a petición de los grupos de la oposición, que se ha extendido durante una hora y media desde las 8,00 horas, el secretario municipal ha dado cuenta de un informe elaborado por el abogado del Ayuntamiento ha indicado la posibilidad de emprender acciones legales contra los inspectores de la Junta que redactaron dos informes que, posteriormente, dieron lugar a que el TSJA suspendiera la modificación del uso del suelo de 'La Fabriquilla' para el que la junta de gobierno concedió una licencia a una empresa para la construcción de diez chalés.

En este sentido, el regidor, que ha sido llamado a declarar en calidad de imputado junto a otros seis ediles y dos técnicos municipales por el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar que investiga si se produjo la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa; ha pedido "respetar" el proceso al tiempo que ha señalado a los miembros de la oposición que "serán los ciudadanos los que tendrán que echarme" en lugar de los concejales.

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