El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, cree factible una reforma legal que permita a los jueces instructores, en los casos de corrupción política, adoptar medidas cautelares como la "suspensión del cargo de la persona imputada".

Magro ha argumentado que esa medida "es una de las reformas que más se está reclamando" en el ámbito de la Justicia, y que ya ha sido defendida por el catedrático de Derecho Procesal de la UNED Vicente Gimeno Sendra. Magro ha concretado que Sendra "proponía la posibilidad de que los jueces de instrucción pudieran adoptar legalmente la medida cautelar de suspensión de cargo de una persona imputada por un delito político. Cosa que ahora no se puede hacer".

Asimismo, ha pedido que se delimiten los delitos de corrupción política y que se creen juzgados especializados, una reforma del Código Penal que, a su juicio, debería permitir una agilización de los procesos judiciales.

Magro ha hecho esta reflexión este jueves durante una rueda de prensa para valorar el premio 'Calidad de la Justicia' otorgado por el Consejo General del Poder Judicial a su proyecto por "mejorar la justicia y hacerla más accesible" a través de la Oficina de Medidas Alternativas.

Así, cuestionado por cómo valora los diversos casos de corrupción que afectan a cargos públicos de la ciudad, Magro ha puntualizado que no puede pronunciarse sobre causas concretas que llegarán a la Audiencia Provincial, aunque se ha mostrado a favor de una reforma del Código Penal "que recogiera en un título específico la tipificación de los delitos de corrupción política". Entre estos casos que se encuentran en instrucción están los relativos a la alcaldesa, Sonia Castedo, imputada en las causas del PGOU y Rabasa derivadas de Brugal.

El magistrado ha estimado "curioso" que en el Código Penal solamente esté recogido el delito de corrupción de particulares. "Y el resto de delitos relacionados con la corrupción política están diseminados como delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", ha precisado, para subrayar que no existe un delito "específico" para "corrupción política".

Además, ha considerado "importante" que los casos de corrupción política "fueran instruidos por juzgados especializados en las capitales de provincia". De ese modo, Magro ha recordado que ya se pronunció a favor de que los casos de crimen organizado tuvieran un órgano judicial específico y porque "deberían crearse juzgados especializados en delitos de corrupción política y cometidos por grupos especializados".

Agilización de los casos

El presidente de la Audiencia de Alicante ha añadido que al frente de esos nuevos juzgados debería haber magistrados especializados "para darle más contenido a esos órganos judiciales" y con "personal especializado" y concentrar "en un solo juzgado este tipo de casos". A su juicio, ello agilizaría la tramitación de esos casos "y nos llevaría a una pronta solución. Bien para que se archive, o bien para que se abra juicio oral".

Asimismo, ha solicitado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determine el plazo en el que "se tiene que tramitar los delitos que se instruyen". En ese sentido, ha afirmado que, a su juicio, "el plazo de un año" —que contemplaba el anteproyecto del código procesal penal—, es un tiempo "prudencial" para que se tramiten los delitos que "crean mayor alarma social".

Magro ha afirmado que "no es buena la lentitud" en la resolución de este tipo de casos porque "va en detrimento" de la imagen de la Justicia y "también pone en entredicho a una persona por unos delitos que, a lo mejor, no se han cometido. Porque la presunción de inocencia está por encima todo y tiene derecho a que se archive el asunto o a que se le juzgue".

Por último, el presidente de la Audiencia de Alicante se ha manifestado a favor de que "evidentemente" de que la provincia fuera una de las que debería contar con esos juzgados especializados.