El Consello de Contas detectó que la federación de autónomos de Galicia (Feaga), investigada en la 'Operación Zeta' sobre un supuesto fraude en ayudas para formación, no justificó la asistencia de alumnos y, además, señala que no existió "comprobación in situ por la Administración de la realización" de los cursos.

El organismo fiscalizador ha entregado este lunes más de una veintena de informes a la presidenta del Parlamento autonómico, entre los que figura uno con dos volúmenes sobre programas de formación para el empleo correspondientes al ejercicio 2010.

El primero de ellos, que recoge Europa Press, advierte de cuestiones como la no realización de inspecciones presenciales sobre las actividades desarrolladas en materia de inserción de desempleados, y la "elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios", a lo que la Consellería de Traballo responde en las alegaciones que recoge el propio informe.

Traballo resalta que, "si bien es cierto que en 2010 no se realizaron visitas de comprobación y seguimiento", a partir de 2011 "se implementó en el servicio de orientación laboral un plan de visitas in situ y sin aviso previo que abarca cada ejercicio el 100% de los programas integrados para el empleo subvencionados".

Replica a las acusaciones de elevada subcontratación con entidades vinculadas que "la contratación de gastos en que incurre el beneficiario para realizar por sí mismo la actividad subvencionada está expresamente excluida por la ley de subvenciones del concepto de subcontratación".

FEAGA

En el segundo volumen, que analiza los beneficiarios que perciben un mayor volumen de las ayudas, el documento detalla que Feaga contó con 134 y 183 participantes en los planes de formación de 2009 y 2010, respectivamente, por los que obtuvo importes aprobados de 62.902,50 y 144.326,25 euros.

Contas reprueba que la beneficiaria contrató con la entidad Femxa Formación S.L. la realización de la totalidad de las acciones formativas y esta subcontratación se hizo "en términos tan amplios (...) que es difícilmente justificable, teniendo en cuenta que la idoneidad de la entidad beneficiaria es una de las causas de concesión de las ayudas, y que esta queda reducida así a un simple intermediario".

A este respecto, la institución señala que Feaga subcontrata la impartición de esas acciones formativas y este coste "por la gestión, aunque en el contrato no se especifique, se traduce en la facturación de costes indirectos por el importe del 20% de los costes de cada acción formativa".

A renglón seguido, todavía en el epígrafe dedicado a la evaluación de los fondos aplicados por Feaga, el Consello de Contas afirma que "en los cursos examinados no existen partes firmados por los alumnos y tampoco los partes oficiales de asistencia están firmados por los profesores". Agrega, en este sentido, que "en los cursos seleccionados no existe comprobación in situ por la Administración de la realización del curso".

"En ninguno de los expedientes analizados existen partes firmados por los alumnos que acrediten su asistencia a los cursos y permitan verificar en una fiscalización a posteriori tanto la evidencia de su realización como el número de los que finalizaron la actividad formativa, a los efectos de comprobar si las liquidaciones aprobadas por la Consellería son las correctas (toda vez que las liquidaciones dependen de ese número)", concluye el informe de Contas.

"riesgos de opacidad"

Por su parte, el primer volumen censura "una elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios con entidades vinculadas, sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios de mercado a través de la petición de distintas ofertas, lo que supone riesgos de opacidad para determinar si los costes son reales o están sobrevalorados".

"De forma destacada", añade que "en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri S.L. (presenta hasta seis entidades distintas vinculadas) o en torno al grupo Academia Postal (cinco entidades)".

Gecreri es una de las empresas a nombre de Gerardo Crespo, principal imputado en la trama de supuesto fraude de subvenciones que investiga la Operación Zeta.

CASI 31

Millones de euros

De forma global, Contas contabiliza respecto de los planes 2009-2010 que un total de 87 entidades distintas obtuvieron ayudas por importe de 30,7 millones de euros.

Entre estas, indica que 15, un 17,2% de las totales, principalmente organizaciones sindicales y empresariales, fueron beneficiarias de ayudas por importe superior a 300.000 euros "y acumulan conjuntamente más del 70% del importe total del presupuesto de las ayudas aprobadas".

"Esta elevada concentración, favorecida por la propia convocatoria, contrasta con el hecho de la generalizada subcontratación posterior de los beneficiarios en distintas entidades, que son las que realmente realizan las actividades formativas, convirtiendo a los beneficiarios directos en intermediarios que asumen una mínima gestión con imputación de costes al proceso formativo, por el que la apertura de las ayudas a los distintos prestadores de servicios favorecería una mayor competencia y una utilización más eficiente de estos fondos", resalta el organismo.

La consellería, sobre este apartado, replica que "desde el año 2012 esta normativa básica se modificó incorporando también a su ejecución los centros privados acreditados", con lo que entiende que "ya se está cumpliendo el fomento de una mayor competencia entre los distintos prestadores de estos servicios".

Entidades asociadas de ugt y cc.OO.

En algunas entidades (UGT y CC.OO.), Contas denuncia que "estos contratos no cuentan con la previa autorización del órgano concedente de la ayuda, exigida tanto por la orden de la convocatoria como por la ley de subvenciones de Galicia".

"Se justifica por los beneficiarios en que las entidades colaboradoras (

Ifes y forem, respectivamente) tienen la condición de asociadas a las beneficiarias y, por lo tanto, también tienen este carácter y no el de subcontratistas, no precisando de esta forma la exigencia de esa autorización", recoge.

Y, a este respecto, avisa de que "el Consello de Contas no comparte esta posición, puesto que esas entidades no reúnen los requisitos para poder ser consideradas miembros asociados de las beneficiarias y, por lo tanto, precisan de esa autorización previa; que, en cualquier caso, sería exigible respecto de estos contratos por la condición de las entidades vinculadas a las organizaciones sindicales".

En el resto de las entidades, "que sí asumen la posición de subcontratistas (como la FORGA respecto de la CIG y todas las entidades subcontratadas por las organizaciones empresariales), existe esa autorización de subcontratación, aunque no con carácter previo a la formalización de los contratos, tal y como exige la citada ley de subvenciones", sostiene el informe.

RECOMENDACIONES

Entre sus recomendaciones, este exhaustivo trabajo de Contas, que suma unas 625 páginas en sus dos volúmenes, aboga por "dotar al proceso de selección de beneficiarios de mayor transparencia y publicidad" y adoptar "las medidas necesarias de cara a un mayor control y seguimiento en la justificación del gasto de la formación de ocupados".

Asimismo, pide "una mayor exigencia en las justificaciones de gastos", fomentar una mayor competencia, prestar "mayor atención" a la disparidad de costes en cursos similares, analizar las subcontrataciones y evitar que se produzcan de manera sucesiva.