La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico se encuentra estudiando "al detalle", dado lo "complejo" del expediente, una reclamación patrimonial interpuesta por Gas Natural Fenosa por la paralización a la que la administración andaluza ha sometido a su proyecto de almacén de gas en suelos del parque de Doñana.

Serrano, en este sentido, ya confirmó a Europa Press que la Junta ha elevado consulta a la Unión Europea en la que le cuestiona por la normativa que prevalece y los pasos a seguir después de que, tras un encuentro entre las partes, la actual titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, haya confirmado a la consejera que el Estado no tiene intención de modificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto.

La situación de bloqueo habría llevado a la empresa a presentar una reclamación de hasta 358 millones de euros, según ha publicado 'El País'. En rueda de prensa con motivo de la presentación en Sevilla de una campaña de Ecoembes, la titular autonómica ha confirmado que la Junta ya cuenta con dicha reclamación, que está siendo estudiada por los servicios jurídicos, sin que a día de hoy sea posible arrojar ningún tipo de valoración sobre los resultados, pues "llegó hace poco tiempo".

"Los servicios jurídicos deben hacer los informes pertinentes y recabar los datos necesarios para concluir dicha reclamación o expediente", ha precisado Serrano.

Posible impacto acumulativo

Ya en los días en los que Miguel Arias Cañete era el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Estado entendía que la DIA era correcta y no susceptible de cambio, pese a que la administración regional aludió a la posibilidad de modificación a raíz de la problemática de Castor y la "contestación social", por el "impacto" que la acumulación de hasta cuatro proyectos podría tener sobre Doñana.

Ante la "discrepancia" entre dos administraciones, y a raíz de que Bruselas contaba con un expediente abierto sobre asunto, "que decidieron cerrar al no autorizarse la iniciativa, pero pendientes de la decisión que se tomara", la Junta ha decidido "preguntar qué hacemos" a la Unión Europea, a la que pretenden establecer de árbitro a causa de su pretensión de incluir estudios sobre el impacto acumulativo y sismológico de la acción.

"No queremos cometer errores ni normativos ni ecológicos", ha precisado la titular andaluza de Medio Ambiente, que agrega que "independientemente de la normativa tenemos que saber qué queremos de Doñana, si un parque con valores naturales o con un almacén de gas en su interior".

La Junta de Andalucía tiene suspendida la resolución de la autorización ambiental unificada hasta tanto no se garanticen las consecuencias del valor acumulativo de los proyectos de Gas Natural en Doñana y las consecuencias sismológicas.

La Comisión Europea, de su lado, ya confirmó a Serrano que necesitaba más información del Gobierno español y de las organizaciones que interpusieron una queja contra los proyectos de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana antes de emitir un dictamen sobre el expediente.