La Comisión Rectora del Fondo Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha acordado este viernes, tras el análisis de los informes forensic recibidos, el envío de dos operaciones irregulares a la Fiscalía que corresponden a la antigua Novacaixagalicia.Según los informes, se estima que los perjuicios económicos ocasionados por dichas operaciones ascienden a unos 210 millones de euros.

La operativa analizada en dichos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación por la adquisición de bienes inmuebles y/0 participaciones en sociedades, refinanciación para la adquisición de sociedades, renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías, operaciones de cancelación de deudas (se apor compraventa de activos y/o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga), ventas de inmuebles adjudicados, operaciones de inversión (por ejemplo, en situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial), venta de inmuebles adjudicados, y, en general, operaciones que han dado lugar a grandes pérdidas para la entidad y representan indiciosde irregularidad o no responden a un finalidad económica lógica.

El FROB continúa el análisis de los diversos informes forensic que le están siendo remitidos tanto de la entidad mencionada como del resto en las que tiene participación en el capital.

El pasado 17 de octubre, el FROB ya remitió a la Fiscalía un total de 23 informes con operaciones irregulares detectadas también en la antigua Novacaixagalicia (NCG) y en Catalunya Caixa (CX) que sumabann un perjuicio económico de 1.500 millones de euros.

La mayoría de estas operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16 correspondían a CX, actualmente Catalunya Banc, por un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a NCG, por 600 millones.

Por el momento, el FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas. Según el Fondo, con esto se busca minimizar, en última instancia, el coste para el contribuyente.