El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad de Jaén ha aprobado este jueves, "por unanimidad", un dictamen relativo a la Ordenanza Municipal Reguladora de la prestación compensatoria para el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, en el que considera "ajustada a derecho" la modificación de su articulado aprobada en el Ayuntamiento en julio en virtud de la que se rebaja entre este año y el que viene la cuantía de la prestación por compensación a abonar por los vecinos de viviendas en suelo no urbanizable que cumplimenten su proceso de regularización.

Para este órgano consultivo, las modificaciones de los artículos 5 y 22 de dicha ordenanza son "ajustadas a derecho" en la medida que "la minoración temporal del porcentaje fijado en los apartados 4 y 5 del artículo 52 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía está prevista legalmente, estando tal potestad arrogada a los ayuntamientos en el propio texto legal de referencia".

Así lo ha dado a conocer el CES local en una nota en la que ha explicado que este órgano consultivo ha dictaminado así "favorablemente", desde un punto de vista "legal, económico y social", el proceso de regularización de más de 3.000 viviendas en la capital y de la prestación compensatoria que sus titulares deben abonar.

El CES de Jaén considera que "desde un punto de vista económico se dan las prerrogativas necesarias para establecer cuantías inferiores al diez por ciento obligatorio" en dichas prestaciones, "aplicando a tales efectos cuantías según el tipo de actividad y condiciones de implantación, sobre todo (...) con un objetivo finalista, cual es o debe ser favorecer y posibilitar el establecimiento de nuevos yacimientos generadores de riqueza y empleo en un marco de desarrollo sostenible".

No obstante, el CES local apunta que "es un hecho absolutamente incontrovertido el que este proceso de regularización (...) beneficia los derechos en abstracto de aquellas personas que han actuado al margen de la ley o bordeando la misma", de modo que "con estas bondades económicas, aun temporales, se está primando o premiando situaciones ilegales o alegales, cuando menos".

Sin embargo, el órgano consultivo considera que no puede "permanecer al margen de la realidad", habida cuenta, según subraya, que el "problema" implica a "3.000 edificaciones" solamente en la capital jiennense, por lo que considera "necesario atajar, normalizar y solucionar la situación de facto creada (...) por mor de la permisibilidad administrativa de decenas de años".

En esta línea, el CES local considera "acertada" la iniciativa de "primar, vía minoración del porcentaje, a aquellos que insten la regularización de la edificación en los excepcionales plazos marcados en la presente modificación", lo que puede aportar "beneficios importantes para las partes implicadas, tales como una solución más rápida al problema", dotando así "a las edificaciones de una certeza jurídica", ya que "facilita una transmisión futura, la contratación de servicios, la inscripción registral" y, finalmente, "se evitan riesgos que han estado latentes ante la indefinición jurídica de estos últimos 30 años".

CONSIDERACIONES

Con todo, el CES local realiza tres consideraciones respecto "a la situación venidera", empezando por una según la cual el Ayuntamiento debe aprovechar "la totalidad de la recaudación obtenida por la prestación compensatoria, tal y como marca la Ley, para hacer acopio de tal patrimonio y poder desarrollar en un futuro actuaciones urbanísticas municipales".

La segunda consideración es que el Ayuntamiento "no se constituya en agente urbanizador y no soporte gasto alguno en urbanización o servicios", de forma que éstos sean "soportados íntegramente por los titulares de las edificaciones afectadas". El Consistorio, según remarca el CES, "debe arbitrar las medidas legales a su alcance para garantizar el pago de tales obras por parte de los titulares de las edificaciones beneficiadas por el proceso de regularización".

En tercer lugar, el órgano consultivo de la capital "solicita de las administraciones implicadas la adopción de los mecanismos legales para que todas las edificaciones susceptibles de regularización, por disponer de los servicios mínimos que marca la ley, procedan a cumplir con la norma".

En este sentido, demanda "una colaboración plena por parte de las empresas suministradoras de servicios, alertando de estas situaciones irregulares a las Administraciones y conminado a los afectados, mediante medidas coercitivas, al cumplimiento de la legalidad vigente para evitar desfases jurídicos como los hasta ahora existentes".

Es decir, "pasado el tiempo marcado legalmente para beneficiarse de los tipos reducidos en este proceso de regularización", que es un año tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se solicita del Ayuntamiento que "obligue a las empresas suministradoras a adoptar los mecanismos legales existentes para evitar la utilización ilegítima de los servicios públicos básicos —luz y agua— por parte de los titulares de las edificaciones afectadas por el proceso de regularización".

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