El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha inaugurado en Sevilla las jornadas tituladas 'Sistema de formación y cualificación profesional andaluz. Anteproyecto de Ley de FP' dirigidas a directores, profesorado, orientadores, representantes de la inspección y expertos, y que se desarrollarán durante el mes de noviembre en distintas provincias andaluzas.

Según ha informado la propia Consejería en un comunicado, el objetivo de estos encuentros es analizar, debatir y aportar propuestas a la nueva norma.

Alonso ha manifestado, de esta manera, que el anteproyecto de la Ley de Formación Profesional (FP) de Andalucía establece una "reforma integral" de la formación profesional inicial y de empleo a través de un único sistema formativo con el objetivo de "elevar los niveles de cualificación de la población activa andaluza y así aumentar las posibilidades de accesibilidad al trabajo y de promoción laboral". Otras de las medidas más destacadas de la futura norma son "el aumento de los mecanismos de control de las actividades formativas y la creación pública de centros".

Durante su intervención, el titular de Educación ha destacado que la principal novedad de la ley es la creación de un Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, que reúne de forma coordinada la Formación Profesional Inicial del sistema educativo, la FP para el Empleo y los servicios de información y orientación laboral. Andalucía se convierte de este modo en la primera administración del país que realiza esta integración desde una orientación eminentemente pública.

Asimismo, ha asegurado que la Junta es la primera administración pública que "ha tenido interés" en desarrollar una política de Formación Profesional para el Empleo propia. "Hasta el momento, los fondos se adjudicaban para que otras entidades públicas o privadas los gestionaran, no existía una estrategia y no había política pública en ese sentido y esta ley lo hace por primera vez", ha subrayado.

Además, el consejero ha informado de que se van a establecer nuevos requisitos y más control en las nuevas convocatorias de incentivos, según las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta. A partir de ahora, se realizará un baremo "objetivo y transparente" para adjudicar las subvenciones, la convocatoria pública será en régimen de concurrencia competitiva, se priorizarán las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y la implementación de medidas que maximizan el control de los fondos públicos.

El nuevo ordenamiento tendrá asimismo como uno de sus pilares la creación de la Red de Centros de Formación Profesional, según informa la propia Junta: a través de un modelo de gestión pública se dotará de mayores garantías, calidad y reconocimiento a la nueva oferta formativa. Esta red impartirá FP Inicial, FP para el Empleo y participará en la acreditación de competencias profesionales donde se utilizará un sistema permanente, en vez de la convocatoria única; de esta manera se dará una mayor agilidad y permitirá afrontar un mayor volumen de acreditaciones.

Papel del sector empresarial

Alonso ha explicado que el anteproyecto de ley destaca porque "por primera vez una norma en España asume el contexto europeo de la educación-formación", es decir, incorpora el concepto de 'aprendizaje a lo largo de toda la vida' que recomienda la UE. Además, impulsa el emprendimiento y promueve programas en sectores productivos clave para le economía andaluza.

Otra de las novedades de la norma es el papel que va a tener el sector empresarial a través de convenios con empresas para el desarrollo de la Formación en Alternancia o con su participación en la Red de Centros de Formación Profesional, requisito imprescindible para que puedan ofrecer formación.

Para el consejero "no hay, ni se espera, en todo el país una ley de FP como esta, tan transparente ni que favorezca tanto el control de los recursos y el retorno de la inversión". Así, Alonso ha lamentado que el PP no se asome a esta necesidad y realidad de los jóvenes andaluces. "Es una ley nueva para un tiempo nuevo, que sienta las bases de cara al futuro, una norma con nuevas exigencias: innovadora, rupturista y con futuro", ha concluido.

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