El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera (Almería) ha decretado el archivo provisional de las diligencias contra el alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández (PP), por la contratación por parte del Ayuntamiento de trabajos por un valor de 14.674,55 euros con Automecánica Garrucha S.L., empresa en la que figuró como administrador, al considerar que los hechos denunciados "no traspasan el umbral de la irregularidad administrativa para tener relevancia penal".

Según ha indicado el Consistorio en una nota a partir del auto de la juez Rocío Sánchez, se reconoce como cierto que entre 2007 y 2011 Fernández fue regidor de Garrucha y a la vez socio y administrador de una mercantil con la que el Consistorio realizó contratos de prestación de servicios por importe de 2.859,79 euros en 2008 y similares en los años siguientes, participando el denunciado en los acuerdos municipales relativos a esos contratos".

No obstante, la titular del juzgado, que investigaba al regidor por la presunta comisión de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios, indica que este hecho supone una "irregularidad administrativa" que en este caso, según la jurisprudencia en la que se apoya el auto, no entra en "insoportable contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de los órganos administrativos" ni causa "n perjuicio evidente a terceros o a la causa pública en general".

El regidor declaró, en este sentido, que aunque figuraba como titular de la empresa, "el verdadero titular es su hermano", lo que "está acreditado conforme al resultado de otras diligencias de investigación", según ratifica la juez, para quien no consta en la Agencia Tributaria que el regidor haya recibido ingresos de esa mercantil.

Por otro lado, añade que "los hechos instruidos se refieren a contratos menores, en los cuales el sistema de contratación realizado por el Ayuntamiento con esta mercantil como con otras mercantiles incluso antes que el imputado fuera alcalde ha sido sustancialmente idéntico, según declara el secretario del Ayuntamiento".

"No existe por tanto irregularidad evidente, flagrante ni clamorosa ni de suficiente gravedad como para que los hechos tengan entidad penal", apunta la juez. La causa archivada de forma provisional partió de una denuncia del PSOE, que llegó a pedir la dimisión del alcalde, por lo que ahora Fernández "reclama a los socialistas más responsabilidad" después de que la justicia "les haya enmendado la plana".