La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha señalado que el impacto sobre la factura estándar de agua del canon de mejora instaurado con carácter "solidario" y "finalista" para financiar en el conjunto de la comunidad autónoma las inversiones necesarias para que los municipios que no depuran las aguas residuales puedan hacerlo en el menor tiempo posible, y que ha recaudado 133 millones, es "ínfimo" para el ciudadano, después de que el PP señalaran la repercusión del mismo en la tarifa municipal del servicio.

A pesar de lo recaudado, la consejera ha lamentado durante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía que la necesidad de cumplir el objetivo de déficit y la imposibilidad de adquirir un mayor endeudamiento retrasa el ritmo de las inversiones, a pesar de que más del 30 por ciento del presupuesto de la Consejería se dedica a las infraestructuras hidráulicas.

Serrano, que asegura que su departamento seguirá priorizando estas actuaciones, ha recalcado la "necesidad" y "obligación" de los responsables públicos de impulsar y favorecer la gestión de "un bien tan importante y necesario como el agua", ya que "no es admisible, y sí tremendamente inhumano, que a familias que sufren el efecto de la crisis se les corte el agua por falta de pago".

Cuestionada también por el estado de las infraestructuras de depuración en la provincia de Sevilla, la titular andaluza de Medio Ambiente ha sostenido que el 81,5 por ciento de la población de Sevilla dispone ya de infraestructuras para depurar: en cuanto al resto, al ser pequeños municipios, la dificultad aumenta, entre otros aspectos porque también se complica la gestión administrativa de los expedientes.

De 62 municipios incluidos en acuerdo del Consejo Gobierno, una treintena ya cuenta con instalaciones adecuadas. Ha concretado en el caso de pueblos como Carmona, cuya estación depuradora está acabada en fase de pruebas; Isla Mayor, incluida en actuaciones de interés general del Estado; o Los Molares, Burguillos, Lora del Río y Peñaflor, con proyecto redactado y pendiente de licitación. Para 2014, ha añadido, se han programado créditos para actuaciones en Palomares (25,3 millones), Aznalcóllar (unos cuatro millones), La Campana (2,8 millones) o Casariche (1,5 millones).

Para el pp,

"irresponsable" gestión y "nefasto" resultado

Por parte del grupo proponente, la diputada del PP Carolina González Vigo ha achacado a la consejera que tienen que ser "leal" con los ciudadanos cumpliendo y ejecutando las infraestructuras y dándole un buen uso al canon del agua "que con tanto esfuerzo pagan los sevillanos".

La parlamentaria ha destacado la "irresponsable" gestión y el "nefasto" resultado del canon del agua por parte de la Junta de Andalucía, lo que hace que se sancione a los ayuntamientos, "por lo que no solo se esta pagando el canon, sino las multas por la mala gestión, lo que supone subirle los impuestos a los vecinos".

"La realidad es que después de 40 millones de euros que han recaudado a los sevillanos no se ha puesto en marcha ni una sola obra con respecto al canon de mejora", ha subrayado González Vigo, que ha agregado que "sabíamos que el canon del agua es un impuesto recaudatorio, pero es que además es desleal con la administración local, ya que el coste político de cobrar ese canon de mejora viene en la tarifa municipal del agua y al final el Ayuntamiento es el que sube el precio del agua y la Junta de Andalucía la que se lleva el dineroW.

Según la parlamentaria popular, "el gran problema que tenemos hoy respecto a las aguas residuales en la provincia de Sevilla es la falta de planificación de los gobiernos socialistas desde 1982". Por último, ha preguntado "cuál es el futuro de la provincia de Sevilla respecto al canon del agua y a las infraestructuras hídricas".

A todo ello, Serrano ha opuesto que la carga impositiva extra a los ciudadanos no es una situación "excepcional", ya que España está en una situación "lamentable y complicada" respecto al cumplimiento de la directiva marco, y las posibles sanciones no se impondrían a Andalucía, sino al país. Asimismo, ha recordado que al Gobierno de la Nación "le faltan 10.000 millones de euros para cumplir lo que tiene que ejecutar".