Este domingo se ha cumplido un mes completo desde que, el pasado 26 de septiembre, 43 estudiantes de magisterio (normalistas) desaparecieron en el municipio mexicano de Iguala, en el estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros de la capital del país. Los estudiantes, que se preparaban para ser profesores rurales, fueron atacados por la policía municipal tras participar en una protesta. Todo parece indicar que fueron los propios agentes quienes, a continuación, los habrían entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, un sanguinario cártel nacido hace apenas tres años.

Desde entonces la nación contiene el aliento mientras lleva cada mañana el macabro recuento de los días que van pasando, y trata de digerir las terribles noticias que no han dejado de sucederse, incluyendo el descubrimiento de varias fosas comunes con decenas de restos humanos mutilados, desollados, quemados...

Y de fondo, una vez más, la violencia descarnada del narcotráfico, pero también un estado generalizado de corrupción y criminalidad (el alcalde de Iguala y su esposa, acusados por la Fiscalía mexicana de ser los autores intelectuales del ataque, se han dado a la fuga), y el fracaso político de un gobierno impotente en su declarada guerra contra el crimen organizado de las drogas.

Desde que hace ya ocho años el Ejecutivo del entonces presidente Felipe Calderón decidiese acabar con los narcos por la vía militar, la violencia en México ha dejado al menos 70.000 muertos, incluyendo ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y ataques de las autoridades, y más de 20.000 desaparecidos.

El estado de Guerrero, donde se produjo el ataque a los estudiantes, tiene, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor tasa de asesinatos de todo el país, con 29 homicidios premeditados por cada 1.000 habitantes, por delante de Sinaloa y Chihuahua.  Es, también, la zona de México donde se producen más secuestros, robos y violaciones sexuales, y también el estado más pobre.

El propio gobernador de Guerrero, que presentó finalmente su dimisión esta semana, ha admitido que "hay lugares en los que manda la delincuencia organizada" y no la ley. Entre enero y agosto de este año se produjeron en Guerrero 1.029 asesinatos –la mitad de ellos con armas de fuego–, 11 casos de extorsión y 81 secuestros.

Esta vez, sin embargo, la sociedad mexicana no se está limitando a contener el aliento. Como pocas veces en los últimos años, y por primera vez en el estado de Guerrero, la reacción de la población civil está siendo contundente. En una respuesta que recuerda a otras movilizaciones del pasado que parecían haber caído en un cierto olvido (la gran manifestación de la campaña "Iluminemos México", en 2008, o el movimiento YoSoy132), miles de personas están saliendo a la calle en masivas manifestaciones para protestar ante una situación que se niegan a aceptar como un cáncer endémico e incurable. En ocasiones, la rabia simplemente se desborda: el pasado martes los manifestantes acabaron pegando fuego al ayuntamiento de Iguala.

¿Están vivos aún los estudiantes? Oficialmente sigue siendo una pregunta sin respuesta, pero los que albergan todavía alguna esperanza son cada vez más pocos. Las autoridades aseguran que el ADN de 28 cadáveres presentes en fosas encontradas estos últimos días no coincide con el de los secuestrados, pero la opinión pública ya no sabe qué creer

Estas son las claves de un caso que ha despertado como pocas veces antes la indignación en México:

El pasado 26 de septiembre, estudiantes normalistas de la escuela Ayotzinapa se manifestaban en Iguala, en el estado de Guerrero, dentro de una serie de actividades encaminadas, al parecer, a recaudar fondos para sus actividades, y en el marco de su oposición a la reforma educativa.

Al terminar la protesta, y cuando ya se retiraban, un grupo de policías municipales disparó contra sus vehículos. Seis personas perdieron la vida (tres de ellas, estudiantes), y otras 17 resultaron heridas.

Durante los primeros días se habló de 57 desaparecidos, y los responsables de la escuela Ayotzinapa hicieron publica una lista con los nombres de los estudiantes, pero poco después la cifra se redujo a los actuales 43 estudiantes de los que todavía hoy se desconoce su paradero. Algunos de los jóvenes que sí han aparecido han confirmado que habían estado escondidos por miedo a las represalias y a la violencia de la Policía Preventiva Municipal de Iguala.

Este miércoles, el Fiscal General de México, Jesús Murillo Karam, ofreció en rueda de prensa detalles sobre lo ocurrido. Según explicó el procurador, sobre las 6 de la tarde los estudiantes de la normal abordaron por la fuerza dos autobuses en Ayotzinapa, y de ahí partieron con destino a Iguala. Tres horas después "tomaron dos unidades adicionales. Hubo resistencia del chófer de una tercera unidad, que resultó lesionado". Al parecer, una mujer también resultó herida cuando los estudiantes se apoderaron de los buses.

La policía municipal de Iguala, ayudada por la de Cocula, bloqueó entonces la carretera y retuvo los autobuses de los estudiantes. Empezaron los disparos y un estudiante perdió la vida. Algunos de los jóvenes lograron escapar en uno de los autobuses. Policías y sicarios de Guerreros Unidos se confundieron y atacaron otro vehículo en el que viajaban los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. Murieron al menos dos personas, un futbolista y el conductor. Minutos después los policías detuvieron el  autobús de los estudiantes.

Los normalistas fueron trasladados a la Central de la policía de Iguala y, después, explica el fiscal, "sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala". "Se tiene acreditado que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba también a las órdenes de Guerreros Unidos", indica el procurador.

La policía de Cocula trasladó al grupo de detenidos a un paraje entre los límites de Iguala y Cocula y ahí fueron entregados al grupo Guerreros Unidos, en presencia de policías municipales de Iguala. En ese momento un grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes fueron subidos a una camioneta y conducidos, a través de un camino de tierra, hacia la zona de Pueblo Viejo, una zona rural de Iguala, a unos 20 minutos de la población. Será allí donde se encuentren después nueve fosas comunes con 30 cuerpos calcinados.

Como resultado de las investigaciones iniciadas tras la desaparición de los jóvenes, se han encontrado más de una decena de fosas comunes, si bien la Fiscalía General reconoce "solo" nueve.

La forma en la que se encontraron los cuerpos, sobre un lecho de hojas, carbonizados y algunos mutilados, apunta a una mayor vinculación con el crimen organizado, reforzando la vinculación de Guerreros Unidos.

El martes, el Gobierno mexicano anunció que los 28 cuerpos exhumados de las primeras fosas no corresponden con los 43 estudiantes normalistas. El fiscal general ha asegurado que las pruebas de ADN han relevado que no son los estudiantes.

Aun así, los familiares no confían en la respuesta del Gobierno, y aseguran que solo tendrán en cuenta los resultados que obtenga el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, que está tratando de identificar los cuerpos.

Lo primero que hizo el fiscal general durante su intervención fue confirmar lo que todo el mundo sabia: los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos prófugos.

Los dos trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos, siendo Pineda la "principal operadora" de la organización criminal en Iguala. Abarca, por su parte, entregaba alrededor de tres millones de pesos (unos 175.000 euros) mensuales a Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600.000 se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal. Dos de los hermanos de Pineda trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva. Los propios miembros del cártel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación.

En junio de 2013, Pineda había sido agredida durante "un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata", entre quienes había normalistas de Ayotzinapa, según explicó el fiscal.

Abarca y su mujer huyeron de la ciudad tras producirse el ataque (según explicó el propio alcalde, en ese momento estaban en una fiesta). El 30 de septiembre Abarca solicitó una baja de 30 días y desde entonces se desconoce su paradero. En su huida, el alcalde se llevo de su despacho objetos de valor, pero también un gran número de documentos que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

El procurador general ha reconocido que se podría haber evitado la tragedia de Iguala si se hubiera actuado antes contra su alcalde. En 2013, el procurador se entrevistó en diferentes ocasiones con un hombre que decía tener pruebas y poder facilitar testigos que relacionasen a Abarca con criminales y con el asesinato de tres militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero. Sin embargo, las pruebas no llegaron a entregarse, por lo que el caso no prosperó.

Los últimos datos de la investigación abierta por la Procuraduría General  han confirmado que Abarca habría abandonado el estado de Guerrero pero "sigue en el país".

La crisis ha acabado con la carrera política del gobernador de Guerrero, el cacique Ángel Aguirre, quien presentó finalmente su dimisión este viernes tras haberse resistido a ello durante casi cuatro semanas, y después de que se lo pidiese su propio partido, el izquierdista PRD.

Aguirre, de 58 años, ha movido los hilos en Guerrero desde que asumió el poder hace cerca de dos décadas, primero en las filas del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después en las del PRD. Durante su mandato, el narcotráfico se ha adueñado del territorio a través de cuatro sanguinarios cárteles.

Como explica Adrián Flores en un artículo publicado en Rebelión, Aguirre es recordado por haber sustituido a Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de Aguas Blancas (18 indígenas asesinados en 1995), y porque durante su gobierno interino ocurrió la masacre de El Charco (11 indígenas muertos, en 1998). En 2009 fue acusado de desviar fondos para la campaña de su primo Ángel Aguirre Herrera como candidato del PRI para una diputación federal. Flores añade que "empresarios guerrerenses y colaboradores cercanos señalan que el gobernador ha solapado múltiples homicidios que involucran a los presidentes municipales de Guerrero".

Según destacan los analistas, su renuncia supone un respiro en la crisis para el presidente, Enrique Peña Nieto (PRI), quien ha logrado además presentar en público la detención de Sidronio Casarruvias, el líder de Guerreros Unidos.

Guerreros Unidos es una organización criminal que centra sus acciones en los estados de Guerrero y Morelos, y que muchos definen como un pequeño cártel por su vinculación al gran cartel de los Beltrán Leyva. Aunque en un principio los Beltrán Leyva trabajaban junto a la organización de Sinaloa, desde 2008 es un cártel aparte que ha forjado alianzas con los Zetas y el cártel del Golfo.

En tres años de vida, el cártel ha tenido al menos cuatro líderes, todos ellos capturados. Su principal fundador fue Cleotilde Toribio Rentería, 'El Tilde', quien inició su carrera al amparo de Édgar Valdez Villarreal, 'La Barbie', sicario del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

'El Tilde' fue detenido por el Ejército en julio de 2012, y Mario Casarrubias Salgado, 'Sapo Guapo', se hizo entonces con el control de Guerreros Unidos, extendiendo la influencia del grupo al Estado de México. 'Sapo Guapo', identificado como uno de los principales traficantes de droga a Estados Unidos, fue arrestado a su vez en abril de 2014, y su lugar lo ocupó  Gonzalo Martín Souza Neves. Tres meses después también Souza fue detenido. Su sustituto, Sidronio Casarruvias fue arrestado el pasado 18 de octubre.

Una de las principales fuentes de financiación de Guerreros Unidos es el traslado de cocaína a Chicago, EE UU, en compartimentos ocultos en autobuses de pasajeros.

Los 43 desaparecidos, la mayoría de entre 18 y 21 años, estudian para maestro en la escuela rural "Raúl Isidro Burgos", de la empobrecida comunidad de Ayotzinapa (Guerrero), conocida por su combatividad social y por ser un bastión de la ideología izquierdista de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.

En un reportaje publicado en Vice News, Melissa del Pozo cuenta que "entrar en Ayotzinapa es un viaje al pasado, como llegar a la Cuba comunista. Los retratos de Ernesto Che Guevara, están en casi todas las paredes de los cuartos, se acompañan por los rostros de Marx, Vladimir Illich Lennin, Engels y sobre todo Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, lideres de la guerrilla en México durante la década de los 70".

Los estudiantes, alrededor de medio millar, deciden de forma colectiva cómo van a actuar en cada aspecto de su vida y de su educación. Todos cambian su nombre cuando ingresan en la escuela y se asignan apodos relacionados al lugar de donde provienen.

Francisco Goldman explica en The New Yorker que la escuela Normal de Ayotzinapa prepara a los jóvenes para ser profesores en las escuelas más pobres del estado: "Los estudiantes proceden en su mayoría de familias indígenas, campesinas y pobres. Normalmente son los chicos mas brillantes de sus comunidades [de los 600 jóvenes que solicitaron el ingreso, solo fueron aceptados 140, incluyendo a los 43 desaparecidos].  Llegar a ser maestro es visto como un paso adelante en la vida campesina, pero también como un modo de ser socialmente útil en sus empobrecidas comunidades".

La Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" fue fundada en 1926 como parte de un proyecto educativo que incluyó originalmente 29 Escuelas Normales Rurales, y cuyo objetivo era facilitar el acceso a la educación a los hijos de los campesinos en las zonas rurales más aisladas del país.

Del proyecto original, que en los años veinte pretendía expandirse a otros Estados de la República Mexicana, actualmente sobreviven 15 Normales Rurales que atienden a más de 6.000 alumnos. Después del movimiento estudiantil de 1968, el Estado cerró 12 Escuelas Normales Rurales, y a partir de 1994 la presión por desaparecer este modelo educativo se reactivó.

Desde que se produjo la desaparición de los 43 estudiantes se han sucedido las manifestaciones ciudadanas de protesta para exigir que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades. La más masiva tuvo lugar el pasado miércoles en la capital, Ciudad de México, donde salieron a la calle unas 50.000 personas, según cálculos de las autoridades locales, en una marcha convocada por organizaciones universitarias.

Eso mismo día, y en el marco de una jornada nacional de movilizaciones, unos 5.000 estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon en Iguala para exigir la aparición con vida de los jóvenes. Al llegar a la plaza principal donde se encuentra el ayuntamiento, algunos manifestantes, armados con palos y con los rostros cubiertos, lanzaron cócteles molotov contra el edificio, que acabó en llamas. El incendio comenzó minutos antes de que el fiscal general, Jesús Murillo, señalara como autores intelectuales de los hechos violentos al alcalde y a su esposa.

Hasta el momento, la Fiscalía federal ha arrestado a 53 personas relacionadas con el caso, de ellos, 36 policías municipales de Iguala y Cocula, y 17 miembros de Guerreros Unidos.

Las autoridades han desarmado también a las policías de otros doce municipios en Guerrero y de uno más en el Estado de México.

El pasado 21 de agosto, un mes antes del ataque de Iguala, el gobierno mexicano reconoció oficialmente un total de 22.322 desapariciones desde el año 2006, el 44% de las cuales se han producido durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, Amnistía Internacional asegura que el número real de desaparecidos supera probablemente las cifras oficiales, debido a que la poca confianza ciudadana en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad hace que muchas de estas desapariciones no se denuncien.

En México, indica Amnistía, "las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional".