Con la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la nueva Ley de Dependencia, muchos vizcaínos han comenzado a interesarse por las prestaciones que les corresponden como personas dependientes o cuidadores de quienes no pueden valerse por sí mismos. Sin embargo, todavía no tienen acceso a ellas.

Según la Diputación de Vizcaya, la nueva ley, que afecta a 25.000 dependientes en Vizcaya, no se ha puesto en marcha por completo debido a que no se ha desarrollado el conjunto de decretos necesarios. No obstante, ayer aprobó el que regula el proceso de valoración de la situación de dependencia. A partir de este viernes, los vizcaínos podrán solicitar en sus ayuntamientos la evaluación de su caso, aunque durante este año la ley sólo beneficiará a los grandes dependientes, que podrían ser unos 5.700 en el territorio. Eso sí, deberán ir junto con un informe médico, que permitirá al Departamento de Acción Social determinar el grado y nivel de dependencia.

«Grandes expectativas»

La cercanía de las elecciones ha encendido los ánimos de los políticos, que aprovechan cualquier situación para lanzarse algún que otro dardo. Así, el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, acusó ayer al Gobierno central de precipitarse con la entrada en vigor de la ley y generar demasiadas expectativas ante unas prestaciones que «a día de hoy no existen».

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Trabajo señaló a este periódico que no existen problemas para ir solicitando sus valoraciones y que «sólo falta un acuerdo en cuanto a las cuantías y los servicios a prestar». Incidió, además, que, en cualquier caso, la ley debe cumplirse y son las comunidades quienes deben garantizar las prestaciones.

Servicios garantizados

El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, aseguró ayer que, pese a los retrasos que se puedan producir en la aplicación de la ley, todos los vizcaínos en situación de dependencia seguirán recibiendo las prestaciones que hasta ahora ofrece la Diputación. Así, los más de 25.000 dependientes contarán con los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias que hasta ahora se vienen otorgando. Asimismo, la institución foral mantendrá, de forma paralela al nuevo sistema de evaluación, la herramienta con la que hasta este momento determinaba el grado y nivel de dependencia, el Instrumento de Valoración y Orientación (RAI).