Las viviendas protegidas deben estar a disposición de las familias que las necesitan y más en tiempos (aún) de crisis. La VPO tiene una función social sea quien sea su propietario, aunque sea la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb. Por no cumplir con este mandato la Junta de Andalucía ha sancionado al banco malo.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a la Sareb por "obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas". Se trata de la primera sanción económica que impone esta consejería en aplicación de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, conocida popularmente como 'Ley antidesahucios', que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.

Según informa el departamento que dirige Elena Cortés (IULV-CA), la Sareb señaló en sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa que no posee 911 VPO en Andalucía, como señaló en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda, sino 98. Fomento asegura que la entidad financiera se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La consejera, Elena Cortés, ha defendido que "todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales" y ha alertado de la "extrema gravedad" de que la propia Sareb haya confirmado en una notificación a la Junta que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la 'Ley antidesahucios' eran "totalmente falsos".

"El Gobierno recurrió la Ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley", ha criticado la consejera.

Desde su creación en 2012, la Sareb se ha centrado en la venta de los inmuebles de su cartera, fundamentalmente a inversores y fondos buitre, pero no ha puesto especial énfasis en su compromiso social. De hecho, pese a negociar con las comunidades autónomas para cederles pisos que puedan destinar a alquileres para familias con dificultades económicas, de momento sólo ha cerrado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para cederle 600 pisos; fue en julio.