Éste es el primer paso de la recién aprobada Ley de Dependencia, que impulsó el Gobierno, pero que deben aplicar las comunidades autónomas. Según los cálculos de Bienestar Social, en la Comunitat son 200.000 las personas dependientes que podrán recibir atención, sobre todo ancianos.

Los primeros serán los llamados grandes dependientes, los que no pueden hacer nada sin ayuda. Según la consellera del ramo, Alicia de Miguel, este año se dará salida a estas ayudas, y de 2008 a 2010 se hará con los dependientes severos. Finalmente, los menos graves serán atendidos de 2011 a 2014.

El primer valenciano en presentar la solicitud de evaluación fue un anciano de 91 años que tiene las dos piernas amputadas.

La labor de decidir quién es dependiente y en qué medida corresponde a un equipo de valoradores. La Generalitat ha formado a 250, de los que ya ha contratado a 35. El baremo va de 25 a 100 puntos, y en él cuentan actividades como comer, lavarse o andar. Los enfermos mentales se valoran aparte.

Hasta principios de mes habían evaluado a 3.720 personas, de las que el 62% resultó ser gran dependiente.

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La paga al familiar continúa en el aire

El objetivo de la Ley de Dependencia es que el Gobierno y las comunidades presten unos servicios (plaza en una residencia, teleasistencia, ayuda a domicilio...). Si no es posible, el texto establece que los familiares que cuiden al dependiente deberán recibir un sueldo. Desde la Conselleria de Bienestar Social no se quisieron pronunciar ayer sobre esta paga, cuya cuantía todavía tiene que aprobarse, aunque se baraja un máximo de 561 euros. Aseguran que el Ejecutivo central aún tiene que desarrollar «15 o 16 normativas» para que la ley se ponga en marcha al 100% y que no se generen «falsas expectativas».