El director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, ha avanzado este miércoles que la Xunta afronta "con lealtad institucional" la comisión bilateral que mantendrá con el Gobierno central a raíz de las "mínimas discrepancias" surgidas por la Ley gallega de medidas urgentes para el ámbito local, aprobada después de la reforma local estatal.

Lo ha dicho, en comisión parlamentaria, al ser preguntado por la diputada del BNG Tareixa Paz por el "caos" generado en la Administración local con "una ley hecha de espaldas a los ayuntamientos".

Asimismo, tras lamentar que el Gobierno gallego no llevase al Tribunal Constitucional la norma estatal, ha considerado una "alegoría de la relación Xunta-Estado" que al Ejecutivo central "no le tembló la mano" al avanzar "un recurso de inconstitucionalidad" contra la ley gallega.

Ante ello, el alto cargo de la Xunta ha puntualizado que este paso aún no se ha dado, y que, precisamente, la comisión bilateral tiene por objetivo evitarlo. Por ello, ha negado la "sumisión" mencionada por la diputada del Bloque y ha insistido en que la relación entre ambos gobiernos está presidida por la "lealtad institucional".

"actitud constructiva"

En el mismo sentido, ha abundado en que "lealtad" significa "respetar absolutamente, al 100%, las competencias que tiene atribuidas la Administración General del Estado", pero también "exigir exactamente igual que se respeten al 100% las competencias que corresponden al Gobierno gallego". "La lealtad es una vía de doble sentido", ha enfatizado.

Explicado esto, Pazos Couñago ha indicado que Galicia acudirá a la citada comisión bilateral con "actitud constructiva" y con el objetivo de encontrar "una solución" para "garantizar que los ciudadanos gallegos reciban servicios públicos de calidad en las mismas condiciones" que cualquier otro ciudadano del Estado.

Adicionalmente, ha apuntado que la Xunta defenderá "el texto íntegro" de la antes mencionada ley de medidas urgentes, por entender que está dentro de las competencias gallegas, y que se abrirá a escuchar "sugestiones" que aseguren ese principio de calidad de los servicios. "Para nosotros sería inadmisible que haya ciudadanos de primera y de segunda", ha remachado.

"privatización masiva"

Al hilo de ello, en su siguiente turno de intervención, Paz Franco ha alertado una vez más de que, al amparo de esta ley, pueden llevarse a cabo "privatizaciones masivas" de los servicios públicos.

Al respecto, el director xeral ha negado que la norma fije "nuevos criterios" para las privatizaciones y, además, ha indicado que "ningún" servicio público se ha visto "afectado por ese tsunami privatizador" referido por la oposición. "Porque todavía no se está aplicando la ley en toda su extensión", ha mantenido la diputada.