Las leyes fueron suscritas por Villavicencio, senador de la opositora Unidad Nacional (UN), cuatro días después de haber sido sancionadas por el Congreso, instancia a la que apeló el Gobierno del presidente Evo Morales para zanjar las diferencias entre oficialismo y oposición en el contenido de las normas.

Con la firma del titular de la cámara alta, las leyes fueron enviadas al Palacio de Gobierno, para que sean promulgadas por Morales de acuerdo al procedimiento constitucional.

El Jefe de Estado urgió al legislador a cumplir su obligación constitucional para no demorar la puesta en vigor de los convenios acordados hace casi siete meses con las doce compañías petroleras, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras.

Los acuerdos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con las multinacionales fueron establecidos a finales de octubre pasado, como consecuencia de la nacionalización de hidrocarburos que dictó el gobierno socialista de Morales.

Cambio de reglas

La nacionalización supuso el cambio de las reglas de juego para las firmas petroleras que, una década atrás, adquirieron la mitad de las acciones de YPFB, por decisión del Gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

En diciembre pasado, los legisladores aprobaron leyes para ratificar los convenios del Ejecutivo, pero después funcionarios de la petrolera estatal advirtieron de que los documentos contenían numerosos errores.

La oportunidad fue aprovechada por las opositoras Unidad Nacional (UN), Poder Democrático y Social (Podemos) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que dominan la Cámara de Senadores, para señalar la supuesta existencia de delitos en el trámite para la aprobación de los contratos.

La semana pasada, en sesión del Congreso, diputados y senadores de ambos bandos alcanzaron un acuerdo para sancionar las leyes que dan luz verde a los acuerdos.