El Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador decidió devolver sus cargos a los 57 diputados destituidos a principios de marzo pasado por el órgano electoral, que consideró que "interferían" en el proceso de la consulta para una Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno.

Poco después de anunciarse la decisión, adoptada con el

voto de seis de los nueve vocales de TC, un grupo de personas de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Movimiento Popular Democrático, entró por la fuerza en la sede del Tribunal, según emisoras de radio locales.

El presidente del TC, Santiago Velásquez, declaró a los periodistas que la destitución de los 57 diputados por el TSE fue "

absolutamente inconstitucional", ya que el máximo órgano electoral no es competente para la destituir a los legisladores que, además, no tuvieron derecho a la defensa.

Por ese motivo, según Velásquez, el Constitucional

aceptó un recurso de amparo interpuesto en favor de los destituidos ante un juez de la provincia de Guayas, que lo remitió al TC.

Velásquez, según las emisoras locales, tuvo que ser sacado de la sala de plenos del décimo piso del edificio del TC por la escolta policial del organismo, antes de que el grupo de estudiantes y militantes izquierdistas consiguiera llegar a ese lugar.

Hasta el momento, la Policía no ha confirmado si Velásquez y el resto de los miembros del Constitucional siguen en el edificio o han sido evacuados.

En

actitud beligerante y agresiva, los ocupantes del edificio declararon a emisoras de radio locales que no cejarán hasta impedir que se aplique la resolución del Tribunal Constitucional.

El pasado 6 de marzo, el Congreso aprobó una resolución para sustituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, debido a la forma en la que se había convocado la

consulta popular para una Asamblea Constituyente, impulsada por el Gobierno y que se aprobó el pasado 15 de abril con un 81,72 %.

Al día siguiente, Acosta, apoyado por la mayoría del TSE, no aceptó la sustitución y respondió con la destitución de 57 diputados por "interferir" en el proceso de la consulta para la Constituyente, al considerarse la autoridad suprema del país en periodo electoral.

Desde entonces, el TSE, apoyado por el Gobierno, ha impedido que los diputados destituidos, de partidos de derecha opuestos al Ejecutivo, puedan acceder a los locales del Legislativo y ha facilitado que los legisladores suplentes de los cesados ocupen sus puestos.