El Grupo Popular ha afirmado que el Proyecto de Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Cantabria que está en tramitación parlamentaria logra que la gestión de este recurso sea "más solidaria, más sostenible y más social", de forma que ninguna familia podrá verse privada de abastecimiento domiciliario por circunstancias socioeconómicas.

El diputado regional del PP, Luis Carlos Albalá, lo ha defendido así en una rueda de prensa en la que también ha señalado que con este proyecto de ley, el Gobierno de Cantabria ha cumplido su compromiso de regular el ciclo integral del agua, ya que no solo aborda los servicios de saneamiento y depuración, como ocurría hasta ahora, sino el ciclo completo, que incluye todos los servicios que presta la comunidad autónoma: el abastecimiento, el saneamiento y la depuración.

Albalá ha recordado que la futura ley de abastecimiento y saneamiento de aguas establece el reparto de competencias en materia hidráulica entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, la garantía de los servicios de abastecimiento y saneamiento en estándares de calidad y cantidad, y el régimen económico financiero con la regulación del canon del agua residual y la tasa autonómica de abastecimiento de agua.

Y todo ello, según ha remarcado, se ha sustentado en los principios de solidaridad, sostenibilidad y en un "marcado carácter social".

El parlamentario del PP ha explicado que el principio de solidaridad es hacia los ayuntamientos como con los ciudadanos. Así ha señalado que, mediante esta ley, la Comunidad Autónoma va a ayudar a los municipios a prestar servicios de abastecimiento y saneamiento, como se ve en la declaración de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento como "de interés general de la Comunidad Autónoma" y también en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, que estará íntegramente financiado por la región.

Que es una ley solidaria para con los ciudadanos y de marcado carácter social se pone de manifiesto —según ha agregado Albalá— en la garantía del abastecimiento a familias con dificultades socioeconómicas, puesto que la ley impedirá el corte de suministro a aquellas que no puedan pagar el recibo del agua, así como en el nuevo diseño del canon de saneamiento, que contemplará importantes exenciones y bonificaciones a las familias con rentas más bajas.

Y, en relación a la sostenibilidad económica y medio ambiental que "empapa toda la ley", según ha dicho Albalá, se muestra en el reparto de competencias que establece la ley y en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, que persiguen "poder gestionar de forma más eficiente las instalaciones que muchos ayuntamientos tienen paradas porque no pueden mantener los gastos de energía eléctrica", así como la determinación de las "necesidades reales" en cuanto a infraestructuras hidráulicas de la región "para evitar algunos excesos como los que tuvieron lugar en el pasado".

Siete enmiendas del grupo popular

En cuanto a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, el diputado ha explicado que el Grupo Popular ha presentado siete enmiendas al texto, seis de ellas con el objeto de corregir algunos aspectos técnicos y una última que incorpora un nuevo apartado.

Concretamente el PP plantea añadir a la Disposición Transitoria Segunda un apartado que dice literalmente que "mediante Orden de la Consejería competente en materia de abastecimiento y saneamiento de agua podrán determinarse los núcleos en los que se suspende la aplicación efectiva del canon de agua residual doméstica por no contar en el núcleo con ninguna instalación de saneamiento o depuración de aguas residuales", con lo que se busca "que aquellos que no gocen de instalaciones de saneamiento no paguen dicho canon".

El parlamentario ha hecho hincapié en el proceso de "participación" que se ha seguido en la redacción del Proyecto de Ley, en el que han colaborado la Federación de Municipios de Cantabria, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMAC) y ha habido un proceso de información pública. Una participación que ha dicho espera continúe en la tramitación del Proyecto de Ley con el mayor "acuerdo" de los grupos parlamentarios.