Además, en el borrador de la Ley de Vivienda, que en estos momentos elabora el Departamento de Vivienda del Ejecutivo autónomo, se explícita que los ciudadanos podrán recurrir a la justicia cuando concurran estas circunstancias y  la Administración no se haga cargo del alquiler. De esta forma, el Globierno convierte el acceso a la vivienda en un derecho básico, equivalente, por ejemplo, al derecho universal a la sanidad.

El borrador de la Ley de Vivienda cuantifica en cien millones de euros el coste que le supondrá a la Administración financiar alquileres a todos los ciudadanos que lo necesiten. Los jóvenes con sueldos bajos que viven con sus padres serán los más beneficiados.