El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este martes que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada este martes en el Consejo de Gobierno, no da una respuesta concreta a la situación de miles de parcelaciones sin regularizar que hay en todo el territorio de la comunidad, sino que "únicamente añade más ambigüedad en este vacío legal".

"Se nota que el Gobierno andaluz tiene el calendario electoral muy presente a la hora de legislar, pero le exigimos que deje de insultar la inteligencia de los andaluces. La Junta debería explicar al detalle cuáles son los límites de esas regularizaciones y no quedarse en el titular dejando abierta una puerta más en ese limbo jurídico", ha advertido De la Herrán en un comunicado.

Por otra parte, ha alertado de que "el Gobierno andaluz intenta engañar a los andaluces con un juego de palabras basado en utilizar los términos "regularización" y "legalización" a su libre albedrío, un modus operandi basado una vez más en la irresponsabilidad y en el oscurantismo informativo".

En su opinión, "la improvisación y las prisas" con las que se ha introducido esta modificación son otros dos factores que para Unión Progreso y Democracia demuestran la falta de competencia en materia urbanística por parte de la Junta de Andalucía.

"No es muy profesional que hace solo dos años se aprobara un decreto en la Consejería de Obras Públicas sobre este asunto y ahora se reconozca desde el PSOE-A que careció de efectividad", ha añadido De la Herrán, quien se pregunta qué garantías de efectividad calcula la Junta que tendrá esta nueva modificación.

Para De la Herrán, se trata de "una chapuza electoralista que deja además en manos de los ayuntamientos unas medidas que ni la propia Junta puede aplicar, y pasa de puntillas sobre un asunto que precisa de soluciones reales y definitivas".

Por último, UPyD cree "imprescindible" que la Junta valore la posibilidad de regularización en base a criterios objetivos urbanísticos, ambientales y territoriales y que estudie caso a caso en profundidad, al tiempo que insta a la Junta a poner en marcha los medios adecuados de forma inmediata "para acabar con esta situación de eterno limbo legal que no beneficia a nadie".