El diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, ha presentado este viernes un total de 86 enmiendas a los proyectos de ley de Buen Gobierno y Transparencia. El objetivo es, según Prendes, mejorar unas normas "con escaso contenido novedoso" y "muy decepcionantes".

En rueda de prensa el diputado ha incidido en la necesidad de que el Gobierno del Principado de Asturias "tenga un verdadero compromiso" con la regeneración democrática. Por ello, ha instado al Principado a añadir a la norma existente las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario que buscan, en lo referido a la transparencia "el acceso público de la información por parte de los ciudadanos sin barreras" y en torno a la ley de Buen Gobierno, que sea una ley que vaya más allá de una "declaración de principios".

Así, ha presentado las principales aportaciones a las leyes. Sobre la ley de Transparencia, Prendes ha solicitado que se amplíe el ámbito de aplicación de la ley, abarcando a las cámaras de comercio. Por otro lado, ha incidido en la necesidad de que la nueva ley contemple la "publicidad activa" por parte de partidos, sindicatos, organizaciones profesionales y empresariales, además de cualquier entidad en las que más de un 40 por ciento de sus ingresos procedan de fondos públicos. "Ahora la ley cita a estas entidades, pero tienen que ofrecer información pública y activa al ciudadano", ha apuntado Prendes.

Para supervisar el cumplimiento de esta ley, el diputado de UPyD ha propuesto la creación del Comisionado para la Transparencia del Principado de Asturias, un órgano "verdaderamente independiente", unipersonal, y que deberá ser nombrado por los parlamentarios de la Junta General con dos tercios de los votos favorables. Asimismo ha propuesto la incorporación de un régimen sancionador que recoja sanciones disciplinarias y económicas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Finalmente, en lo referido a la ley de Buen Gobierno, Prendes ha destacado que, para "revertir la desconfianza y la desafección" de los ciudadanos con respecto a los políticos, sería necesario que los altos cargos que sean imputados "sean cesados inmediatamente", que no perciban dietas por su asistencia a reuniones y que no reciban sobresueldos. En este punto el diputado ha incidid en que "no puede ser" que un cargo público cobre por el desempeño de su función y cobre además "por la puerta de atrás" retribuciones por sus cargos en los partidos políticos.

Además, Prendes planteará que los altos cargos no puedan utilizar tarjetas de crédito para financiar los gastos de representación en los que incurran. A su juicio es "inadmisible" que se empleen estas tarjetas para dichos fines.

Por último, el parlamentario asturiano someterá a la votación del Pleno de la Cámara la prohibición de todos los actos inaugurales de obras, infraestructuras o equipamientos públicos, excepto que estén "definitivamente finalizados y en condiciones de entrar en funcionamiento". El resto, ha matizado, es "pura propaganda".