El Gobierno y el Partido Popular impugnarán la semana que viene ante los tribunales la designación y la constitución de la comisión de control de consultas (junta electoral) catalana, según ha anunciado este viernes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.

A su llegada a la interparlamentaria del PP, Sánchez-Camacho ha explicado que el PP formalizará la semana que viene esta impugnación, y también lo hará el Ejecutivo, porque esta comisión "no puede existir" al estar suspendida la ley de consultas, en virtud de la admisión a trámite de los recursos en el Tribunal Constitucional.

El Gobierno, ha dicho la presidenta del PPC, está actuando ante el desafío soberanista "con firmeza y serenidad", y muestra de ello es la impugnación sobre esta comisión que hará la semana que viene ante los tribunales, al igual que el partido. A preguntas de los periodistas, que el Gobierno sí está "moviendo ficha" y actuando ante este proceso.

La dirigente popular ha explicado que el partido y el Gobierno impugnarán ante los tribunales tanto la constitución de esta junta electoral como la firma por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del decreto de nombramiento de los miembros de este organismo que este viernes ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Alicia Sánchez-Camacho ha señalado que Mas está "en un callejón sin salida" y lo único que pretende con la firma de los nombramientos de la junta electoral, propuestos por el Parlament, es "ganar tiempo", pero "no puede seguir con los preparativos" del "referéndum ilegal".

Además, ha considerado que la supuesta unidad de los partidos independentistas está "cada día más en riesgo" y queda "muy poco tiempo" para que empiece a "romperse y resquebrajarse". La de estos partidos, ha continuado, no es una unidad, sino "una unión de intereses para un referéndum ilegal que no se va a celebrar".

Por eso, ha reiterado, Mas tendrá que acabar "diciéndole la verdad" a los catalanes, y es que el 9 de noviembre no se va a celebrar la consulta soberanista por ser ilegal.