El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA, socios de gobierno, en virtud de la cual la Cámara insta a la Junta al cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo, en relación a los agentes de empleo y desarrollo local (ALPE), y a convocar la próxima semana a los representantes de este colectivo, al efecto de constituir una mesa de trabajo para el análisis y la concreción del cumplimiento de las sentencias.

La Cámara andaluza también insta a la Junta, aunque con el rechazo del PP-A, a que demande al Gobierno central a que acredite y dote financieramente el Programa de Fomento de Desarrollo Local, de tal manera que se fijen subvenciones para la contratación de los ALPE y solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, con la máxima diligencia posible, resuelva las aclaraciones solicitadas por la administración autonómica para dar cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo.

En el turno de intervención de los grupos, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha criticado que el gabinete jurídico de la Junta siga poniendo "medidas dilatorias" para el cumplimiento de las sentencias, "una actitud muy alejada" de los compromisos de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Martín ha explicado que su grupo presenta esta iniciativa con la única intención de que pueda ser un "instrumento útil" al servicio de este colectivo y que las sentencias se cumplan "en el menor espacio de tiempo, como no puede ser de otra manera". Asimismo, ha abogado por la negociación y al acuerdo con estos trabajadores para acabar cuanto antes con el "desasosiego" con el que viven estas familias.

Seguidamente, la diputada del PSOE-A Antonia Moro ha lamentado que el PP-A no aceptara en el Pleno del pasado día 11 las enmiendas que le planteó a su iniciativa sobre los ALPE y que venían no solo a garantizar el efectivo cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, sino que establecían fechas concretas para el inicio de las negociaciones con la participación activa del colectivo.

Tras denunciar la estrategia "interesada, oportunista e interesada" del PP-A, ha explicado que la iniciativa que este jueves se debate pretende facilitar una solución "desde la sensatez, la racionalidad y el compromiso"; y ha querido dejar claro que no hay ninguna estrategia de dilación por parte del Gobierno, que cumplirá "de manera estricta" las resoluciones firme.

Por último, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha asegurado que los representantes de los ALPE les han trasladado que "no consideran adecuados la mayoría de los términos de esta iniciativa". Seguidamente, ha destacado que la tribuna de invitados de esta Cámara estaba llena de miembros de este colectivo cuando hace dos semanas se debatió la proposición no de ley del PP-A, mientras que hoy "no hay ninguno".

Molina, que ha destacado que el número de sentencias sobre esta materia se ha incrementado en este tiempo, en el que también el PSOE ha votado a favor de una moción presentada por el PP en la Diputación de Córdoba, ha señalo que la cuantía que la Junta tendrá que devolver a estos trabajadores también sigue creciendo. Ha invitado a la Junta que "conjugue el verbo cumplir más que el de instar" y ha reclamado la incorporación inmediata de estos 800 trabajadores.