El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha acordado este jueves solicitar el inicio del trámite de negociación con el Estado, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que se transfiera la competencia ejecutiva en materia aeroportuaria a la Comunidad Autónoma.

Así se pedirá, después de que el consejero regional de Transportes, Domingo Berriel, analizará todos los pasos dados hasta ahora por el Estado para la venta del 49 por ciento de la empresa pública, y considerando que "se deben incrementar las acciones políticas y jurídicas para evitar que se materialice en Canarias".

El Gobierno de Canarias, recuerda en nota de prensa, ya se dirigió el pasado 9 de julio al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que convocase la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, que es el órgano establecido legalmente para articular la transferencia de las competencias que corresponden al Ejecutivo regional desde el Estado.

En este sentido, será el 9 de octubre cuando se cumplen los tres meses prescritos para la convocatoria, que de "no producirse, el Gobierno de Canarias solicitará a la Audiencia Nacional que obligue al ministro a convocar esa Comisión".

Al respecto, señalan que el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado "no se reserve su gestión directa".

En este sentido, apuntan que como "no se ha obtenido respuesta alguna a esa solicitud", el Gobierno de Canarias ha acordado requerir a la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de valorar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es un texto normativo en el que, entre otros aspectos, se intenta establecer que la gestión de los aeropuertos seguirá siendo directa, a pesar de la privatización, un extremo que el Gobierno de Canarias considera "inasumible y claramente objeto de recurso".

De todos modos, y previo a ese recurso, se solicitará la apertura de negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación con el fin de que "no sea necesario acudir al Constitucional y se pueda aclarar en contenido del Real Decreto-ley o, en su caso, modificarlo de forma que quede clara" la competencia de Canarias cuando el Estado "no ejerza la gestión directa de los aeropuertos".

Esta iniciativa, matiza, se enmarca dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias en contra de la privatización y que fueron respaldadas por el Parlamento de Canarias, que ya aprobó en julio una resolución mediante la que se rechazaba la privatización de Aena S.A. y se instaba al Ejecutivo regional a negociar con el Gobierno de España la puesta en marcha de lo estipulado en el citado artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias y a establecer, en el supuesto de que el Gobierno de España se negase a iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de gestión de los ocho aeropuertos canarios, una estrategia jurídica y política para evitar la consolidación del proceso de privatización del ente y a obtener dicha transferencia competencial.

Así, el Gobierno autónomo ya notificó el 29 de julio de 2014 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la certificación del acuerdo adoptado, en sesión celebrada el 24 de julio, por la que se instaba a dicho ente que se hiciera constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público de Aena.

Asimismo, se le informó de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar dicha decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias. A ello, la CNMV notificaba al Ejecutivo regional que había dado traslado del acuerdo a las personas concernidas a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la oferta pública de venta de valores que pretende realizar AENA.

Por su parte, en septiembre, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias solicitó a la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, en su condición de secretaria del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría, la notificación formal de los acuerdos de 13 de junio y de 11 de julio de 2014 del Consejo de Ministros, en los que se impulsó la privatización, instando su expedición "a la mayor brevedad posible, por considerarlo esencial" para la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en el marco constitucional.

Posteriormente, Berriel instó al presidente de Enaire a que se informara a los inversores interesados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar la decisión de privatización de Aena y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Finalmente, resaltan que el Gobierno de Canarias mantendrá esta línea de actuaciones, en defensa del carácter estratégico de la red de aeropuertos de la Comunidad Autónoma que, al ser un archipiélago y estar alejado del continente, "depende especialmente de la conectividad aérea, que debe ser abordada principalmente desde el punto de vista del interés general y el fomento de la cohesión territorial y no desde el de la rentabilidad de las instalaciones aeroportuarias, que es el que suelen aplicar los inversores privados".