El colectivo de trabajadores pertenecientes al grupo de monitores escolares contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo despido ha sido ya en muchos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la administración autonómica—, ha convocado para este jueves una nueva concentración ante las puertas del Parlamento para manifestar su "descontento" por la gestión autonómica.

Ya el colectivo de monitores afectados tras el anuncio de la Junta de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones, según indicó a Europa Press su portavoz, Virginia Vázquez, se ha manifestado expectante ante la posibilidad —más que probable según las últimas declaraciones del consejero del ramo, Luciano Alonso, a las que aluden estos profesionales— de que su readmisión se produzca para el próximo 30 de septiembre, es decir, para el curso escolar 2014-2015.

De su lado, los monitores del plan de choque, que han explicado en una nota que ya han interpuesto demandas judiciales por fraude de ley en su contratación, instan a la Junta para que les dé el mismo trato recibido por el colectivo que estaba subcontratado anteriormente a través del ente de Infraestructuras de Servicios Educativos (ISE).

"Exigimos que, de una vez por todas, se lleve a cabo lo pactado en el convenio colectivo y se requiera, como hicieron con nosotros, los requisitos obligatorios contenidos en él a todo el que pudiera ocupar un puesto de personal laboral de la Junta en la categoría de monitor escolar", reseña el colectivo.

Los monitores escolares de la llamada 'Marea Amarilla' protestan contra el incumplimiento de los compromisos acordados en las mesas de negociación y piden el mantenimiento del plan de choque de un año hasta la creación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de monitores escolares y el acceso al empleo público "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y los requisitos del VI convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía".

Los monitores del plan de choque han iniciado también una campaña de denuncias por considerar que en sus contratos existe fraude de ley y que además no se está respetando la oferta ni lo acordado en las mesas de negociación del personal laboral entre los representantes del personal laboral y la Consejería, "que amenaza con despedirlos a los siete meses de ser contratados a pesar de que en la oferta que se realizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el contrato ofertado era por un año".

Piden también a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "no tenga tratos de favor y utilice la misma vara de medir para todos, que no discrimine y sea imparcial en relación con los monitores escolares".

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