Los separatistas prorrusos rechazaron este martes uno de los principales puntos del plan de paz de Kiev al anunciar la convocatoria de sus propias elecciones y su intención de boicotear las legislativas de Ucrania de finales de octubre.

"Planeamos celebrar el 2 de noviembre elecciones al Soviet Supremo (parlamento) y elecciones del jefe de la república", anunció Alexandr Zajárchenko, líder de la autoproclamada república popular de Donetsk.

No sólo eso, sino que, agregó, "no se celebrará ninguna otra elección, ni siquiera para la Rada Suprema (Parlamento de Ucrania)", previstas para el 26 de octubre.

En la misma línea, el presidente del Soviet Supremo de Lugansk, Alexéi Kariakin, adelantó a la agencia rusa ITAR-TASS que dichas elecciones regionales "tendrán lugar simultáneamente" en ambas repúblicas separatistas.

Según la ley de autogobierno aprobada por la Rada ucraniana, las zonas bajo control rebelde en las regiones de Donetsk y Lugansk deben celebrar elecciones a sus órganos locales el próximo 7 de diciembre.

Kiev explicó que el objetivo es ofrecer a los rebeldes la posibilidad de elegir a sus representantes locales, que serán los interlocutores ante el Gobierno de Kiev, contra el que los prorrusos se sublevaron en abril pasado con apoyo militar de Moscú, según Kiev.

No obstante, desde un principio los separatistas aseguraron que no permitirán que Kiev organice ninguna elección en el territorio bajo su control, es decir, las terceras partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas limítrofes con Rusia.

Kiev albergaba la esperanza de que las elecciones en las zonas rebeldes contaran con presencia de todos los partidos nacionales y que fueran supervisadas por observadores internacionales.

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, mantiene que las elecciones locales son el único medio de conocer la opinión de los habitantes de esas zonas prorrusas y de solucionar el conflicto por la vía política.

Y es que Poroshenko nunca ha reconocido como válidos los sendos polémicos referendos separatistas celebrados en ambas regiones el pasado 12 de mayo y en los que la mayoría de los votantes apoyó la independencia.

Kiev mantiene que la citada ley, que estará en vigor sólo durante tres años, permitirá el retorno gradual de las zonas rebeldes al cauce legal, aunque sus críticos, entre los que figura la ex primera ministra Yulia Timoshenko, creen que supone una amenaza para la integridad territorial del país.

Les dan la razón los dirigentes separatistas al boicotear de nuevo unos comicios nacionales, como ocurriera a finales de mayo con las presidenciales en las que resultó elegido Poroshenko.

No obstante, el presidente aún no ha promulgado la ley y, previsiblemente, no lo hará hasta que se estabilice el frente y quede perfectamente delimitada la línea de separación entre las fuerzas de ambos bandos.

Algunos analistas han advertido de que si las elecciones legislativas nacionales no se celebran en Donetsk y Lugansk, eso significaría la secesión de facto de dichas regiones ucranianas.

No obstante, esto no es definitivo, ya que Kiev sí podrá garantizar la votación en el territorio bajo su control -un 70% de cada región-, aunque es verdad que el grueso de la población de ambos entes residía originalmente en las principales plazas rebeldes.

En las anteriores presidenciales celebradas en medio de cruentos combates entre milicianos y fuerzas leales a Kiev, un porcentaje muy pequeño de los habitantes de Donetsk y Lugansk pudo acudir a las urnas, según denunció entonces el Gobierno ucraniano.

Mientras, las fuerzas de Kiev y los separatistas prorrusos continuaron este martes con el repliegue de armamento pesado para crear una zona desmilitarizada en la demarcación que separa las posiciones de los dos bandos.

"Hemos retirado nuestra artillería, pero sólo en las zonas donde también lo han hecho las tropas regulares ucranianas", dijo Zajárchenko.

Los rebeldes de Lugansk informaron de que los militares ucranianos también han replegado su armamento pesado de algunas zonas por las que pasa la demarcación fijada en el Memorándum firmado entre los dos bandos el pasado sábado en Minsk.

Según fuentes rusas, el garante del acuerdo alcanzado en el Memorándum de Minsk, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ha comenzado a supervisar el cumplimiento de este acuerdo en la zona desmilitarizada de 30 kilómetros.

En lo que va de conflicto bélico en Ucrania ya han muerto al menos 3.543 personas, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que especifica que estas muertes son las que han podido ser documentadas pero que el número real de personas fallecidas es mucho mayor.

Las cifras del informe llegan hasta el 21 de septiembre e incluyen las 298 víctimas del avión de la compañía Malaysian Airlines que fue supuestamente abatido por un misil cuando sobrevolaba el territorio de Ucrania del este.

El informe fue presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por Ivan Simonovic, secretario general adjunto para Derechos Humanos, quien indicó que los expertos sobre el terreno han registrado un "incremento nítido" de asesinatos desde mediados de julio hasta finales de agosto, con una media de 36 muertes por día.

La cifra de muertos siguió aumentado en septiembre, con una media de 42 personas asesinadas al día, hasta que se firmó el acuerdo de paz, el 5 de septiembre, y desde entonces, la media de muertos se ha situado en torno a la decena.

La misión de la ONU en Ucrania ha seguido documentando en los últimos meses los crímenes cometidos por los grupos armados en las áreas bajo su control, violaciones que incluyen secuestros, asesinatos, tortura física y psicológica, y malos tratos, entre otros.

Los grupos prorrusos secuestran a personas para obtener dinero, para usarlos como trabajadores forzosos o para intercambiarlos por combatientes que están en manos de las autoridades ucranianas.

"La ley y el orden han sido reemplazados por el imperio del miedo y la intimidación", afirmó Simonovic.

El número exacto de personas que están en manos de los grupos armados se estima entre 500 y 800, unos presos que son constantemente sometidos a malos tratos, especifica el informe.

Por otra parte, el texto hace referencia a los desplazados internos, cuya situación Simonovic definió como "alarmante".