La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha criticado que la estrategia del Gobierno para eludir el cumplimiento de las sentencias de derribo sólo esté orientado a "inventar fórmulas y estratagemas".

ARCA ha lamentado en un comunicado que el Ejecutivo no tenga "voluntad de respetar" las sentencias, pero más aún que para ello se dedique a "inventar fórmulas" como las autorizaciones provisionales de "muy dudosa constitucionalidad".

Pero, también, "retorciendo la normativa hasta el punto de variar los límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, con el único objetivo de excluir de su límite las viviendas con sentencias de derribo; o variar a toda prisa los distintos planeamientos (PGOU) municipales para decir que es legal lo que se ha demostrado que es ilegal", ha añadido.

A su juicio, todo ello es "insistir en un modelo de desarrollo fracasado" y para el que, recientemente, se han modificado leyes para "hacerlas más permisivas", como ha ocurrido con el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y que ha hecho que "deje de ser la garantía para un desarrollo urbanístico ordenado". "Y lo mismo ha sucedido con la Ley del Suelo, buscando facilitar la construcción en suelo clasificado como rústico", ha apostillado.

En cuanto al paisaje, ARCA ha considerado que lo que "se pretende tramitar es una ley meramente cosmética, inútil completamente para los objetivos a los que debía servir" y, en su opinión, "todo ello es claramente indicativo de que no hay voluntad de promover un desarrollo sostenible".

Exige una ley de ordenación del territorio

Por ello, la Asociación ha exigido que "de una vez por todas" se apruebe una Ley de Ordenación del Territorio (PROT) que "garantice un desarrollo urbanístico ordenado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que otorgue garantías jurídicas".

"Es necesario además revertir las reformas que se han introducido en la Ley del Suelo de Cantabria y en el POL, que los ha desvirtuado completamente, convirtiéndolos en instrumentos apenas útiles para la ordenación territorial, y que a medio plazo sólo van a provocar nuevas sentencias de demolición", ha advertido ARCA.

El colectivo ha instado al Gobierno y a los ayuntamientos a "asumir sus responsabilidades y, en lugar de insistir en un modelo urbanístico obsoleto e insostenible, cumplir con lo que determinan los tribunales y no pretender que los paganos sean todos los ciudadanos cántabros y los afectados por las sentencias de derribos".

"¿Cómo es posible que, con cientos de viviendas con sentencias firmes de demolición, no se haya asumido ni una sola responsabilidad política, en ninguna consejería o ayuntamiento, y no se haya producido ni una sola dimisión en Cantabria?", se ha preguntado la asociación.