Más de 30 familias de menores transexuales de toda Andalucía se dieron cita este fin de semana en un encuentro celebrado en el centro cívico Las Sirenas de Sevilla. Este acto, organizado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Sylvia Rivera y por Chrysallis Andalucía, tuvo por objeto, entre otras cuestiones, analizar el nuevo contexto legal después de la entrada en vigor de la Ley Integral de Transexualidad: asimismo, se acordó exigir la aprobación de la orden que obligue a todos los centros educativos de Andalucía a la aplicación del protocolo de actuación que fue presentado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y que busca apoyar al menor con estas características dándole posibilidades de elección.

Tanto ATA Sylvia Rivera como Chrysallis Andalucía trasladan al consejero de Educación, Luciano Alonso, que sea "consecuente" con lo manifestado el día de la presentación del protocolo, "cuando dijo que no se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo", y entienden que, en la medida que se demore la aprobación de esta orden, se estará dejando "solos" e indefensos a estos menores.

En este sentido, la presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, ha manifestado que "el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la identidad de género de los menores trans no pueden depender de la gracia y la voluntad de los centros educativos, y por ello es urgente la aprobación de la orden que obligue a su cumplimiento y convierta el carácter graciable que actualmente presenta este protocolo en un derecho para todos los menores trans de Andalucía".

La presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, ha dicho que "en este nuevo curso 2014-15 doce menores andaluces han hecho el tránsito educativo (amparado por la ley y el protocolo educativo). La no entrada en vigor de dicho protocolo, ya que desde la Consejería, nos comunicaron que le darían carácter normativo, para tener más rango de ley, ha llevado a algunas familias de dicha asociación a generar algunos problemas de desinformación a nivel de centros y de toda la comunidad educativa, generando un gran desgaste para estas familias, hecho que hubiera sido evitable si el protocolo estuviese vigente".