La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina en Cantabria a los afectados por sentencias de derribo, ha propuesto este martes a los grupos parlamentarios del PP, PRC y PSOE una modificación de la Ley 2/2011 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en Cantabria para eliminar la disposición que autoriza a los jueces a decidir sobre el valor de las viviendas.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que los tres grupos "estudiarán" esta propuesta y analizarán si "desde el punto de vista jurídico" es posible llevar a cabo esta modificación del apartado 4 de la disposición sexta de la Ley 2/2011.

Vilela ha explicado que AMA ha puesto encima de la mesa esta posible modificación después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre tres viviendas de Argoños contemplase como indemnización una cuantía equivalente a una tercera parte del valor de los inmuebles.

"Queremos que la valoración de las viviendas se haga de forma objetiva y que se aplique un valor de sustitución o reposición equivalente al que tienen", ha dicho el presidente de AMA.

En este sentido, ha indicado que las indemnizaciones marcadas en aquella sentencia reducen el patrimonio de los afectados en un 60% con lo que los afectados no sólo no pueden adquirir una vivienda de similares características a las que tienen, sino que en muchos casos ni siquiera pueden comprar otro inmueble.

Una situación que "cada vez se torna más complica e injusta" ya que, además de esa reducción del patrimonio de los afectados, el terreno en el que se ubicaba la vivienda pasaría a manos de la administración "cuando es ella la condenada", ha señalado Vilela.

El presidente de AMA ha expresado la "preocupación" de los afectados no sólo por esa sentencia que marcaba el valor de las indemnizaciones, sino también por otra más reciente en la que el TSJC anulaba el estudio de detalle presentado por el Ayuntamiento de Argoños para la regularización de cuatro viviendas con sentencia de derribo en la zona del Camino del Portillo al considerar que éste tiene "como único objeto" el "convertir lo ilegal en legal" y no el "interés público urbanístico".

Piden que las resoluciones no sean "papel mojado"

Por ello, la Asociación de Maltratados por la Administración también ha entregado a los grupos parlamentarios un documento, de 30 hojas, en el que se solicita al Gobierno de Cantabria que "cumpla las resoluciones" aprobadas por el Parlamento para la legalización de las viviendas, para pagar un "precio justo" para la sustitución de las mismas o para "garantizar" el patrimonio de los afectados, entre otras muchas.

"No queremos que sean papel mojado", ha ensalzado Vilela, que ha asegurado que los representantes de los grupos parlamentarios del PP, PRC y PSOE, Iñigo Fernández, Rafael de la Sierra y Miguel Ángel Palacio, respectivamente, con los que AMA se ha reunido este martes, han estado de acuerdo con sus propuestas.