Más de un centenar de personas se han concentrado en la mañana de este viernes en la puerta de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), en protesta por el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido sobre la plantilla española de la base por 'Vinnell-Brown & Root Spain'(VBR), adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa relativo a la gestión de los servicios civiles del aeródromo militar.

En declaraciones a Europa Press, José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de 'Vinnell-Brown & Root Spain', ha recordado también la donación de sangre a la que asistieron 200 trabajadores en Alcalá de Guadaíra, al igual que los alcaldes de las localidades colindantes, en cuyos ayuntamientos han protagonizado encierros los empleados afectados por este nuevo despido colectivo. Hablamos de los ayuntamientos de Arahal, El Coronil y Morón de la Frontera.

Tras la negación por parte de los directivos de VBR de la propuesta por parte del comité de empresa para sustituir por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el nuevo despido colectivo promovido por la compañía, los trabajadores se enfrentan a una reunión el próximo martes, para la que han solicitado que asista la delegada territorial de Empleo, Aurora Cosano, ya que se pondrá en debate el "plan de estructuración" propuesto por el Comité de empresa.

última propuesta

Este plan incluiría una congelación de salarios hasta 2019, bajas voluntarias para cualquiera de los trabajadores mayores de 55 años con indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades, pero por contra la "absorción" de los trabajadores despedidos en el ERE de 2013 que quisieran regresar a la plantilla en lugar de cobrar indemnizaciones.

Dicho aspecto significaría, en ese sentido, la suspensión del litigio judicial promovido en torno a los 66 despidos del ERE de 2013, declarado no ajustado a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce así para los afectados indemnizaciones de 45 días de sueldo por año de servicio y un tope de 42 mensualidades.

Por otro lado, Rodríguez ha criticado que justo en esta semana el embajador de los Estados Unidos en España, James Costos, estuviese de relaciones con las "altas esferas españolas", pero hasta ahora no haya mediado en el conflicto pese a las tres cartas enviadas por los trabajadores solicitando que "mediase".

En este sentido, el comité de empresa también esta a la espera de la reunión anunciada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con el embajador de Estados Unidos, además del encuentro durante estos días de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se celebra desde este jueves en Gale (Reino Unido), donde según Rodríguez el ministro de defensa, Pedro Morenés, tendrá la "oportunidad" para conversar con su homólogo norteamericano, Chuck Hagel, para "abordar" el asunto.

El conflicto de la base

Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

El tercer ere

Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.

De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.

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