El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha apelado este viernes a la "unanimidad" del Parlamento de Canarias para cerrar las leyes de cabildos y municipios, que en principio, estarán aprobadas en el primer trimestre de 2015.

Para ello, ha avanzado en rueda de prensa que el Ejecutivo remitirá la próxima semana a la Cámara regional dos comunicaciones y los correspondientes textos articulados con el fin de "facilitar" la labor a los grupos parlamentarios y ayudar a su aprobación definitiva. La idea es que los textos se debatan en el último pleno de este mes.

Según Spínola, el trabajo está "bien encaminado" porque ambos documentos cuentan con el apoyo de la Fecam y la Fecai, donde están representadas todas las fuerzas políticas, y cree que se cumple un "reto" planteado por el pacto de gobierno al comienzo de la Legislatura, ya que la reforma administrativa de las islas era una tarea "pendiente".

El consejero cree que las comunicaciones son una fórmula más "viable" que un proyecto de ley porque da más "protagonismo" a los grupos parlamentarios, y una vez aprobadas las propuestas de resolución, se impulsará una proposición de ley y comenzará la tramitación parlamentaria. "Es una norma de todos, no del Gobierno", ha explicado.

En cuanto a la ley de municipios, con 136 artículos, Spínola ha detallado que completa la normativa estatal y salva algunos aspectos de la reforma local, reconoce su carácter como administración local e impulsa las nuevas tecnologías, la participación ciudadana y la transparencia.

La financiación,

Con un año de demora

Sobre la ley de cabildos, con 143 artículos, ha señalado que se preserva su papel frente al de las diputaciones provinciales y se detalla el marco competencial, que en todo caso, se definirá en el futuro a través del desarrollo de leyes sectoriales.

No obstante, la financiación de las competencias —principal demanda de las corporaciones locales— queda pendiente y se estudiará hasta un año después de la aprobación de la ley dado el marco de "incertidumbre" presupuestaria que ha generado el Estado al impulsar el sistema de financiación autonómica.