El diputado de UPyD en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, ha anunciado este jueves que presentará una serie de enmiendas a las leyes de Transparencia y de Buen Gobierno del Gobierno autonómico. Denotan, en su opinión, "una falta absoluta de ambición" por parte del Ejecutivo asturiano.

En una rueda de prensa convocada para presentar la jornada 'Transparencia y Participación: retos para una Democracia de Calidad', organizada por el grupo mixto de la Junta General y que se celebrará el próximo 2 de septiembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Prendes ha incidido en que la ley de transparencia asturiana, que iniciará en septiembre su cauce parlamentario, debería "corregir los defectos e insuficiencias" de la ley de Transparencia impulsada a nivel nacional.

La ley asturiana tiene, según Prendes, "mucho de declaraciones de intenciones y poco de instrumentos para defender y promover el control social por parte de los ciudadanos". Por ello ha anunciado que presentará enmiendas a la Ley en el Parlamento asturiano, como la obligación de que la publicidad activa vaya "mucho más allá", y que haya información más completa porque, a su juicio, es muy genérica y debe ser más rigurosa".

Por otro lado ha incidido en la necesidad de que la información de contratos, conciertos y subvenciones sea "pública, accesible y de fácil tratamiento por parte de los ciudadanos" y que se cree un organismo público "eficaz e independiente" para vigilar el cumplimento de la ley. A su juicio, no puede encargarse al Consejo Consultivo esta tarea porque "tras lo ocurrido con el informe de la OLAF y el Musel, ha demostrado que no es un organismo con la suficiente independencia".

En referencia a la Ley de Buen Gobierno, ha criticado que se trata únicamente de una "declaración de buenas intenciones" y que carece de contenido jurídico. Según Prendes, debería ampliar los casos de incompatibilidad de altos cargos, a fin de evitar que personajes públicos acusados de corrupción "sigan ejerciendo su cargo con normalidad" Entre otras enmiendas, el único miembro del Grupo Parlamentario Mixto ha anunciado que pedirá que se hagan públicas las agendas de trabajo de los cargos públicos "al completo" y que se establezca un órgano de control.

Para el diputado de UPyD, esta es la "última prueba" que le queda al Ejecutivo del socialista Javier Fernández para demostrar que le queda un "mínimo de compromiso" con las medidas de regeneración democrática.