El consejero intentará que la Administración central se haga cargo del 50% de las indemnizaciones. Arguilé insistió en que los daños todavía no están evaluados y que, en todo caso, las administraciones afrontarán los destrozos en infraestructuras y en explotaciones sin seguros.

En contra del criterio de las organizaciones agrarias, la DGA no considera necesaria la declaración de la ribera del Ebro como zona de desastre natural, sino que las riadas deben afrontarse con «indemnizaciones más generosas», dijo Arguilé.

Por su parte, alcaldes de los pueblos afectados se reunirán hoy para constituir una plataforma que adopte medidas preventivas de posibles avenidas futuras, por lo que reivindicarán la limpieza y dragado del cauce.

La DGA levantó ayer la alarma en la ribera, donde se reabrieron todas las comunicaciones. En Zaragoza, el Ebro bajaba ayer mucho menos crecido y las obras en el recinto de la Expo recobraron su actividad normal.